Con el Ejecutivo dirigiendo toda la orquesta nacional, el Legislativo marchando tan disciplinadamente como el Judicial, los poderes del Estado se alinearon de manera nunca antes vista para operar a su sabor y antojo la política del país sobre dos premisas básicas: las facilidades para incrementar y prolongar los negocios del Estado, así como la impunidad para garantizar que ningún trinquete generará investigaciones penales.
Todas las entidades del sector público bailan al mismo ritmo, empezando por un Tribunal Supremo Electoral que no ofrece la menor garantía de certeza y transparencia en las próximas elecciones y hasta burdamente ha hecho esfuerzos por comprar software para procesar y transmitir los resultados, de cuya precisión nadie puede dar fe. Tienen a la Contraloría y al Ministerio Público no solo para impedir acusaciones de corrupción, sino para usar toda fuerza y saña, especialmente en el MP, para perseguir a quienes en algún momento fueron pieza importante de la lucha contra la corrupción.
No hay entidad fuera de esa línea y por si no fuera suficiente ese tremendo poder, disponen del apoyo indiscutible y absoluto del poder económico, el cual ha aceptado ser parte de ese modelo de cooptación y sistemáticamente emite comunicados de apoyo y respaldo a las decisiones oficiales, tal y como pasó en Nicaragua durante tantos años, hasta que la dictadura ya no necesitó a ese poder como aliado.
En las vísperas electorales es claro que no serán inscritos candidatos molestos, pues el TSE hará su trabajo, absolutamente seguro del sólido respaldo de la Corte de Constitucionalidad y sin siquiera la voz de un Procurador de los Derechos Humanos capaz de elevarla para emitir aunque sea una condena moral. Pero no es únicamente la inscripción de candidatos la situación que está en riesgo, pues por vez primera desde la creación del Tribunal, la probabilidad de un fraude electoral es cada día más abierta y real.
Lo ocurrido en la víspera de la celebración del 20 de Octubre en los tribunales es aleccionador. Un político prófugo, que vuelve deportado de Estados Unidos luego de haber cumplido allá una condena, puede ir a su casa con arresto domiciliario pese a estar vinculado a escandalosos casos. En cambio, una fiscal responsable de investigar la corrupción seguirá en prisión sin derecho a cuidar a sus hijos porque no solo se le niega el arresto domiciliario, sino le siguen acumulando casos.
Así las cosas, no pueden quedar dudas. La ruta está marcada y es obvio que cuando hemos hablado de la Dictadura de la Corrupción no estamos hablando babosadas.
