La captura de José Rubén Zamora ejecutada ayer por la FECI se produce en el marco de un masivo deterioro de nuestro sistema de justicia lo que, de por sí, hace que existan más dudas que respuestas, sobre todo cuando se alega una reserva que les permite mantener en prisión a los detenidos sin explicitar los hechos de los que se les acusa. Pero sobre todo cuando, públicamente, se evidencia que la Fundación Contra el Terrorismo no solo tuvo acceso a información del caso, pese a la “reserva”, sino que el juez que dictó la orden de captura tuvo vínculos en el pasado con la organización que dirige Ricardo Méndez Ruiz.
Siempre La Hora ha sostenido que nadie es superior a la ley y que todos tenemos que rendir cuentas de nuestros actos, sin que importe la condición social, económica, política o profesional de los sindicados. Pero también hemos dicho que la administración de justicia tiene que ser absolutamente transparente y que todos, absolutamente todos, tienen derecho a juicios justos, objetivos e imparciales en los que se discuta sobre los hechos y las respectivas pruebas.
Para ello hace falta administradores de justicia probos y legítimos, características que no existen en nuestro país, donde ni siquiera se ha cumplido con el mandato constitucional de elegir magistrados de Salas y de la Corte Suprema, contexto que hace más notorias las suspicacias ciudadanas sobre el caso de José Rubén Zamora, pues la gente lo entiende con un golpe a la libertad de expresión.
Cuando el sistema de justicia se presta a inventar casos y a legitimar demandas absurdas, al punto de acusar de violencia contra la mujer a periodistas que publican noticias sobre corrupción que molestan a algunas funcionarias, es razonable la duda y eso debe obligar a las autoridades a ser transparentes en la formulación de los cargos, explicando con claridad los detalles del caso, como se hacía en tiempos de la anterior FECI y de la CICIG, para despejar cualquier tipo de duda sobre las motivaciones de los procesos.
La reserva judicial es importante cuando un caso se encuentra en investigación y se tienen que recabar pruebas, pero una vez se produce una captura es obligado que los sindicados estén debidamente informados de los hechos por los cuales fueron detenidos y ellos pueden trasladar la información a la opinión pública. La Hora, desde ya, anuncia que sus espacios están abiertos para que los abogados de José Rubén Zamora puedan usarlos para detallar el sentido de su defensa, no por un simple gesto de solidaridad gremial, sino porque estamos viviendo condiciones realmente difíciles por el deterioro del sistema de justicia, lo que ha sido destacado por entidades como Human Rights Watch esta misma semana.
El debido proceso es un derecho fundamental de toda persona que sea enjuiciada y los tiempos de aquellos tribunales de fuero especial no deben regresar como resultado de una manipulación del concepto de reserva de los casos. José Rubén Zamora tiene derecho a ejercitar todos los medios de defensa que la ley otorga para probar su inocencia, pero más que eso es la entidad acusadora, el MP que genera tan poca confianza, la que debe probar fuera de toda duda la culpabilidad del sindicado.
La libertad de expresión, por molesta que sea, no puede ser pisoteada mediante argucias legales y seguramente que la comunidad internacional está tomando nota de lo que ocurre en Guatemala y que nos hace parecernos tanto a Nicaragua.
