En su comunicado repudiando la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos, que ella simplemente llama Lista Engel, la Presidenta del Organismo Judicial y de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, no solo dice que se vulnera la Constitución Política de la República de Guatemala al no respetar la presunción de inocencia, sino que hace señalamientos que únicamente corresponden a los tribunales del país al incluir a dos magistrados de la CSJ y dos jueces. Y agrega que “en caso de existir un presunto hecho delictivo, se debió canalizar a través de las instancias correspondientes y no a través de publicaciones de prensa y redes sociales”.
La lista no se hizo para la prensa o redes sociales sino cumpliendo una ley interna de Estados Unidos que busca el Compromiso Mejorado del Triángulo del Norte de Centroamérica, que surgió por el impacto que las acciones antidemocráticas y de corrupción tienen en la región, deteriorando la calidad de vida y forzando a la gente a la migración.
Pero el colmo de los colmos está en que la magistrada Valdés dice que si el Departamento de Estado tiene conocimiento de un presunto hecho delictivo lo que debe hacer es denunciarlo ante el Ministerio Público que dirige Consuelo Porras para que luego sea juzgado por los tribunales del Organismo Judicial que ella preside, pasando por alto la cantidad de antejuicios que han sido rechazados por los juzgadores guatemaltecos y la forma en que se destruyen casos como el de la alfombra rusa, para citar un único ejemplo.
En otras palabras, según ella el Embajador Popp debió acudir al Ministerio Público para presentar una denuncia porque esa es la instancia que corresponde desde el punto de vista legal. La lista no está condenando a nadie, puesto que únicamente tiene efecto interno en Estados Unidos que revoca visas, si las tuvieren, a los señalados e impide otorgarla a quienes no las posean.
No significa que serán capturados y enviados a EUA para ir a prisión, sino simplemente que no pueden viajar a ese país porque se les considera como “Actores Corruptos y Anti Democráticos” y la inclusión de fiscales y jueces es porque si algo está destruyendo la democracia en Guatemala es la captura que se hizo del sistema de justicia para garantizar impunidad, tanto así que muchos de los que fueron acusados con pruebas contundentes a partir de 2015, están siendo absueltos a marchas forzadas por esas “instancias correspondientes”, como si Estados Unidos y el mundo no supieran lo que pasa con la justicia de Guatemala.
