Como una de las primeras medidas durante la pandemia el Congreso aprobó la creación de un Fondo de Capital de Trabajo por la suma de 2,730,000,000 de quetzales y dispuso que, como se trataba de un préstamo que los beneficiarios tenían que reembolsar, fuera administrado por el Crédito Hipotecario Nacional, pero es claro que se trata de una asignación de fondos públicos para ayudar a los que se vieron afectados por las medidas de la pandemia que se tomaron hace dos años. Y según la Constitución el manejo y uso de los fondos del Estado no sólo tiene que ser debidamente fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, tan inútil como la otra entidad que ahora es vigilante, sino que su manejo no puede esconderse ni hacerse bajo la mesa alegando, en este caso, secreto bancario.
Quienes se acogieron al plan y solicitaron dinero sabían que siendo fondos públicos están expuestos al escrutinio que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer para comprobar el manejo transparente de los recursos provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes. No es dinero que fabrica el Estado y menos dinero del Banco. Se trata de fondos que fueron situados por disposición de un Decreto Legislativo y que provienen del erario.
En Guatemala la transparencia es una aspiración lejana pero eso no quita que existan normas que obligan a las autoridades a rendir cuentas de cómo y en qué se gasta el dinero del Estado. Y encubrir el manejo de dos mil setecientos treinta millones en el secreto bancario hace que todo el asunto tenga muy mal olor porque nadie puede saber la forma en que el Crédito Hipotecario Nacional dispuso de esos recursos. No sólo se tiene que saber cuántos préstamos se dieron y en qué condiciones, sino también quiénes fueron los beneficiarios.
Los fondos sociales que se han manejado a lo largo del tiempo por varios ministerios tienen que elaborar los listados de los beneficiarios y los mismos están al acceso del público. Si así, con ese tipo de información para facilitar el control, se hacen micos y pericos, ya podemos imaginarnos lo que se puede hacer en un banco estatal (controlado por particulares) al que se le sitúa una inmensa cantidad de fondos. La piñatización de los recursos no es cosa nueva ni sería la primera vez que alguien lo haga, pero la única forma de impedir que se dilapide el dinero que es de todos está en el traslado de toda la información pertinente, cosa que el CHN se niega a hacer alegando, sin razón, secreto bancario.
