Nadie puede dudar de la importancia de invertir en la recuperación de la deteriorada infraestructura del país y su ampliación porque llevamos años en los que no se hacen obras sino trinquetes vergonzosos que no resuelven el problema sino simplemente engordan las billeteras de los largos. Pero obviamente la solución no es meterle más dinero al juego sucio, sino debiera ser preocupación de toda la sociedad la exigencia para modificar las reglas de juego y de esa manera hacer que el dinero sea realmente invertido en contratos que se traduzcan en obras eficientes que atiendan las necesidades de la población y apoyen al desarrollo nacional.
En las condiciones actuales, con las reglas de juego existentes que han sido deliberadamente alteradas y manoseadas para facilitar el latrocinio, nunca vamos a resolver el problema vial ni del resto de la infraestructura que el país necesita para dar un salto de calidad. Pueden colocarse miles de millones a disposición de las autoridades porque ya sabemos a dónde irá a parar ese dinero que se reparten tranquilamente empresas que se prestan a hacer mamarrachos gracias a una supervisión de pacotilla ya pactada, y los funcionarios que tienen que alquilar casas en La Antigua para amontonar las maletas de dinero producto de las jugosas mordidas que reciben luego de haber pagado, con dinero del pueblo, esas fastuosas obras que se derrumban al primer invierno.
Por supuesto que Guatemala está urgida de un plan de inversión serio pero eso pasa por darle cara vuelta al sistema actual de compras y contrataciones para que el mismo sea garantía de eficiencia y transparencia y no mecanismo de corrupción y enriquecimiento de los empresarios y funcionarios que están en la jugada.
Da verdadera pena circular por las carreteras nacionales y cualquiera puede darse cuenta de que obras que tendrían que tener una vida útil de varios años no superan ni el primer año antes de empezar a mostrar esos baches que dificultan el tránsito y destruyen los vehículos. El problema no ha sido falta de recursos, sino mal uso de esos recursos y en eso tenemos que ser totalmente categóricos porque no nos pueden seguir engañando con que la necesidad será resuelta repartiendo millones entre funcionarios, diputados que aprueban las partidas y empresarios que saben cómo cotizar y construir para que las ollas queden suficientemente untadas.
Cuando haya mecanismos eficientes para garantizar la inversión, seguramente que la gente aplaudirá cualquier esfuerzo y asignación adicional para mejorar la infraestructura. Pero eso no está ni siquiera en el horizonte porque el negocio es muy rentable para los que podrían cambiar la ley.
