Ayer la Corte de Constitucionalidad resolvió en apelación otorgar un Amparo Provisional a uno de los abogados de la llamada Fundaterror que se ha convertido en la principal orientadora de las decisiones tanto del Ministerio Público como de todo el sistema de Justicia, incluyendo la CC. En este caso se trataba de impedir que la Comisión de Postulación de los aspirantes al cargo de Fiscal General reciba expedientes que presenten los jueces de primera instancia porque, a juicio de la referida fundación y de la CC, ellos no ejercen abogacía y por lo tanto, aunque tengan más de diez años de ser jueces, no se les puede tomar en cuenta ni recibir expediente.
Estamos seguros de que tal y como están las cosas en el país y sabiendo el rumbo que lleva la famosa Comisión de Postulación, solo que fueran extraordinariamente ingenuos los jueces que no están alienados al Pacto estarían pensando en presentar papelería cuando ya se sabe, porque salta a la vista, que nadie podrá competir con quien se ha ido ganando a pulso el privilegio de ser incluida en la lista para que luego sea nombrada por su amigo, Alejandro Giammattei. En efecto, hablamos de la actual Fiscal General Consuelo Porras quien no por gusto decidió realizar acciones que la llevaron a ser figura estelar dentro de la lista de corruptos que por mandato legal elabora periódicamente Estados Unidos.
En realidad la Corte de Constitucionalidad pudo evitarse el bochorno de quedar como otro de los alfiles de Fundaterror y exponer su pobre criterio jurídico, sobre todo porque no hay motivo para preocuparse por lo que hagan los decanos que participan en la Comisión Postuladora. Una voz discordante que se atrevió a plantear mecanismos para medir la honorabilidad, de la cual carece la favorita, fue oportunamente acallada por una veloz acción del Ministerio Público ante una denuncia de la referida fundación, lo que hizo que todos los demás decanos entendieran que no están allí para calificar a nadie sino simple y sencillamente para incluir en la lista a la figura estrella que ha sabido apachar cualquier clavo que le salga no sólo a Giammattei sino a sus cercanos y también a sus principales aliados, aquellos que vía comunicados institucionales periódicamente lo defienden mientras atacan a cualquiera que se pronuncie en contra de la tan rentable corrupción.
Si los jueces no son abogados ejerciendo su profesión, entonces cualquiera podría ocupar su puesto y con ese criterio a lo mejor resulta que la CSJ empieza a nombrar a sus aliados para que no tengan que estar presentando escritos sino que de una vez procedan a resolver con sus peculiares criterios jurídicos.
