La captura de la exmandataria judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad y abogada defensora de los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que han sido acosados por el Ministerio Público, así como acciones penales en contra de otros abogados y exfiscales, situación que según los netcenteros que tienen acceso a información privilegiada y en reserva gracias a sus contactos directos y estrechos con la Fiscal General, pone de manifiesto una intención de criminalizar no sólo la participación de abogados en litigios sino el derecho de petición que está consagrado en la Constitución Política de la República.
Ya quienes adelantan en las redes sociales los pasos que dará el MP, aún en casos bajo reserva, han dicho que todo está relacionado con el caso Odebrecht y avisan que las baterías están dirigidas contra la jueza Erika Aifán que es uno de los objetivos esenciales del gran esfuerzo pro impunidad porque no le perdonan la actitud de independencia judicial que ha mostrado en el manejo de los casos que llegan a su judicatura y en los que, contra el interés de los grupos más poderosos del país, avanza la justicia pese a los constantes embates que ella sufre.
Hacer peticiones ante los jueces jamás puede ser un delito. En todo caso, si la petición es absurda o contraria a la ley, es facultad de los juzgadores rechazarla pero por descabellada que sea una solicitud no se puede criminalizar algo que la Constitución establece como un derecho fundamental. Pero es curioso que en nuestro medio puedan operar sin contratiempo los abogados que se dedican a entrampar procesos con peticiones que simplemente tienen la finalidad del retardo, como pasó con tantos casos que fueron retrasando hasta que se dieran condiciones ideales, como las que ahora existen en las que ya no hay quien formule bien las acusaciones. El caso del Libramiento de Chimaltenango es un buen ejemplo de cuánto ha decaído la calidad del trabajo de los Fiscales.
Pero el problema no es una interpretación errónea de la ley sino la actitud maliciosa de retorcer las normas para usarlas en contra de quienes no se alinean con los intereses de la dictadura de la corrupción. Eso debilita el Estado de Derecho y no sólo daña a quienes hoy son objeto de persecución absurda e ilegal, sino que nos pasará factura a todos los ciudadanos tarde o temprano porque en la medida en que se expande el poder de las mafias, éstas se sentirán a sus anchas para ir en contra de cualquiera para despojarlo de sus derechos y hasta de sus bienes.
