El Ministerio de Gobernación, reaccionando a la publicación sobre la inconformidad de uno de los oferentes por la adjudicación realizada en la millonaria compra de motos para la Policía Nacional Civil, informó que ha iniciado una investigación interna para determinar si existieron anomalías en el proceso, afirmando que ellos tienen un compromiso con la transparencia, mismo que genera profunda duda al conocerse detalles de esta operación. Una investigación seria es absolutamente necesaria porque son demasiadas las interrogantes que se derivan de las objeciones planteadas por una empresa que representa a una reconocida marca de motocicletas, la cual estima que hubo dedicatoria especial a la hora de formular las bases de licitación para garantizar que quien ganó ese concurso fuera el único oferente que podía llenar los requisitos.
La auditoría social es importante si queremos controlar al menos en parte la corrupción que campea no sólo en el sector público sino en la sociedad misma que ha llegado a normalizar esos comportamientos y aceptarlos como parte de la vida cotidiana. En este caso el procurador de los Derechos Humanos manifestó su preocupación no sólo por el negocio en sí sino también por lo que el mismo puede representar en términos de la protección y aporte a la seguridad ciudadana, esa misma que se ha visto tan deteriorada en los últimos tiempos con un incremento notable en delitos contra la vida y en extorsiones.
En el gobierno existen muchas esferas y se sabe que las altas redes de corrupción extienden sus tentáculos por los diferentes ministerios y dependencias para concentrar, de alguna manera, réditos para quienes están en las posiciones de más poder, aunque no se trate de funcionarios públicos. Una investigación seria dentro del Ministerio de Gobernación puede servir no sólo para dejar sin efecto un negocio que es contrario a la lógica y los intereses del Estado, sino también para sentar precedentes que ojalá algún día puedan seguir instituciones como la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, entes encargados de realizar esas funciones de fiscalización e investigación para asegurar el buen uso de los recursos del Estado que provienen del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los guatemaltecos.
Desgraciadamente no existen esos controles y por ello es que insistimos en la importancia de la auditoría social porque evidentemente es la única que puede denunciar anomalías que se producen en la administración pública dada la complicidad, porque no se puede llamar de otra forma, de las instituciones que por mandato constitucional tendrían que ser garantes del buen uso que se haga de los recursos.
