Lo ocurrido ayer con las capturas tras la supuesta investigación de los sucesos ocurridos hace un año, con motivo de las protestas contra la aprobación del Presupuesto que luego el mismo poder público terminó engavetando en tácito reconocimiento a lo justo de las demandas populares, viene a confirmar plenamente el secuestro del sistema de justicia para ponerlo al servicio de quienes tienen el control de la institucionalidad del país para su propio beneficio. Desde el principio muchos pedimos que se investigaran los hechos, especialmente la misteriosa quema del Congreso en la que se supo de la colocación previa de extintores justo en el sitio en el que luego apareció el fuego, además de la notable ausencia de fuerza policial para resguardar el Palacio Legislativo, cosa muy parecida a lo que ocurrió luego con los exmilitares.
Era de investigar el exceso en el uso de la fuerza policial que pretendió y logró acabar con las protestas masivas que no volvieron a darse luego de la batuqueada que le pegaron a quienes reclamaban el abusivo procedimiento para aprobar el Presupuesto que, como ahora, estaba etiquetado para servir a la corrupción.
Sin embargo, las dos capturas de ayer van dirigidas contra manifestantes cuya participación en la quema del Congreso no se comprobó. En cambio se pudo ver abundante material audiovisual en el que la activista social Nanci Paola Chiriz Sinto era brutalmente atacada por los policías que reprimieron a los manifestantes y diversas organizaciones han expresado públicamente su malestar por su detención. El caso de Juan Francisco Monroy Gómez parece ser similar pues tampoco se ofrecieron medios de prueba para ligarlo directamente al incendio y el tribunal que conoció de la acusación del Ministerio Público lo único que pudo hacer con las pruebas presentadas fue ligarlos al proceso por el delito de depredación de bienes, por las pintas efectuadas en el Congreso el 21 de noviembre de 2020, dictando medidas sustitutivas a favor de los ahora implicados y que fueron detenidos en ostentosos operativos dirigidos por el MP.
Si algo amerita una seria investigación fue por qué se produjo la violenta represión de los manifestantes ese día y si el acto de la quema del Congreso no fue parte de un plan que tenía el propósito de dar carta blanca a la fuerza policial para actuar de manera brutal contra ciudadanos que pacíficamente ejercían su derecho de protesta. En cambio, el Ministerio Público no ha movido un dedo en esa dirección y, por el contrario, se trata de enviar muy fuerte y claro el mensaje de que quien participe en protestas populares contra el gobierno serán perseguidos como solía ocurrir en aquellos viejos tiempos de tenebrosa impunidad que permitió la represión generalizada contra la población que cuestionaba el comportamiento gubernamental.
