Si destruir la estatua de José María Reina Barrios es algo repudiable, también lo que se dé vía libre a procesos penales contra los jueces que no se someten al imperio de la impunidad. Foto La Hora/AP

Hay justa indignación entre muchos guatemaltecos por la destrucción que ayer ocurrió en el curso de una marcha contra los abusos de los conquistadores contra los pueblos nativos y es necesario entender que somos un país en donde únicamente nos dedicamos a destruir, olvidándonos por completo de la necesidad y posibilidad de empezar a construir los cimientos de una sociedad más incluyente y apegada a las normas elementales de convivencia, producto del Estado de Derecho.

Llevamos ya varios años destruyendo toda la institucionalidad de la República con actos de insolente vandalismo realizado por quienes ocupan los poderes del Estado. Si destruir la estatua de José María Reina Barrios es algo repudiable, también lo es la forma en que se destruyó el sistema de Justicia, empezando por la Corte de Constitucionalidad para llegar a extremos, como los que veremos hoy, de iniciar procesos penales contra los jueces que no se someten al imperio de la impunidad.

Se destruyó el trabajo que se había hecho para profesionalizar la Policía Nacional Civil, lo avanzado en la investigación penal, el resguardo del orden constitucional, los avances en la lucha contra la corrupción y contra la cooptación del Estado que parte del financiamiento a las campañas políticas. Es una destrucción brutal, como la que ocurrió con la estatua del gobernante asesinado a finales del siglo XIX, con el agregado de que sus efectos se esparcen para dañar a toda la población que pagará muy altas consecuencias por ese vandalismo institucional que se propaga día a día para acabar con el imperio de la ley y la certeza jurídica.

Coincidimos en que destruir estatuas no resuelve los problemas ancestrales derivados de la conquista, pero resaltamos que destruir la institucionalidad nos va a hundir por muchos años y posiblemente nos lleve algún día a un estallido social que provoque daños mayores. Creemos justo y lógico que se proteste con energía ante los desmanes de los vándalos, pero llama la atención que buena parte de la opinión pública no se percate del daño que se está haciendo no sólo al patrimonio cultural sino al país mismo, con ese actuar vandálico de quienes dirigen las instituciones y las convierten en muro de impunidad para facilitar el saqueo de todos los recursos habidos y por haber.

Es imperativo que veamos el rumbo que lleva la Patria para entender que la destrucción va mucho más allá del ataque a las estatuas y que lo que se está haciendo pedazos es la esencia misma de la vida en sociedad que requiere del gran ecualizador que es la justicia.

Redacción La Hora

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