700 familias guatemaltecas están siendo condenadas a pasar penurias económicas por el capricho de la Junta Directiva del Congreso que no sitúa los fondos que legalmente le corresponden a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos simplemente porque tienen antipatía hacia el titular de esa dependencia, Jordán Rodas, quien ha tratado por todos los medios de convencer a los diputados de la directiva para que al menos le den una audiencia y explicar la situación. Pero el problema es mucho más serio porque resulta que aún existiendo, sin lugar a duda alguna, el derecho a recibir los fondos establecidos en el Presupuesto de la Nación, no hay autoridad ante la cual recurrir para reparar el agravio porque si el PDH recurre ante la Corte de Constitucionalidad, como corresponde, su gestión será denegada porque allí también existe animadversión contra Rodas.
Y es el problema de la ausencia de Estado de Derecho, porque por más que los 700 trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos tengan todos los derechos a recibir su salario, no hay ante quien acudir para hacerlo efectivo. Y eso es lo que nos irá pasando a todos los guatemaltecos, tarde o temprano, por haber permitido que se diera la cooptación de las instituciones para que estén al servicio de la impunidad y de la corrupción.
Lo que hace la Junta Directiva del Congreso, al retener por capricho los fondos que corresponden a la PDH e impedir el pago de salarios a 700 trabajadores es un clarísimo e incuestionable delito porque así como se tiene que hacer buen uso de los recursos públicos, también es forzoso cumplir con las obligaciones que asume el Estado y legalmente en el Presupuesto vigente está la obligación de trasladar los fondos del Congreso a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero el ilícito se puede perpetrar impunemente porque es parte de los acuerdos que hay entre quienes se han ido apoderando del Sistema de Justicia precisamente para violentar el Estado de Derecho sin consecuencias legales.
El daño no es a Jordán Rodas sino a todo el personal de la PDH. Pero es fundamental entender que hoy son ellos, pero que mañana cualquier ciudadano que sea víctima de un abuso o de un atropello cometido por alguno de los que se han ocupado de la cooptación del Estado, se verá en iguales condiciones de indefensión porque no habrá a quien recurrir para hacer efectivo ningún derecho, por muy claro y evidente que pueda ser, como pasa con el que tienen los trabajadores de la Procuraduría.
