El Estado tiene una estructura jerárquica en la que se asignan y delegan funciones porque nadie, absolutamente nadie, puede tener el control absoluto de instituciones enormes que funcionan con dependencias en todo el país. Ayer la Policía Nacional Civil fue instruida para no realizar ningún operativo con fiscales del Ministerio Público si el mismo no es solicitado de manera directa y exclusiva por la Fiscal General, Consuelo Porras, lo que crea un inmenso cuello de botella que detendrá las acciones de investigación que competen a esa dependencia y que realizan los diferentes fiscales distritales o especiales que existen en el país. Todas y cada una de las investigaciones ahora tiene que ser específicamente aprobada por la Fiscal General, algo que nunca había ocurrido por obvias razones de logística e incapacidad material de funcionar ágilmente bajo ese patrón.
Para ilustrar el ejemplo hagamos una comparación. La máxima autoridad en materia de Salud Pública es quien ocupa el Ministerio y es, legalmente, el responsable de la salud de la población y, consecuentemente, de aquellos pacientes internados en alguno de los hospitales del sistema. Imaginemos que en un acto de megalomanía un ministro dice que antes de entubar a un paciente se tiene que solicitar su autorización porque la ley establece que es él el responsable; por supuesto que moriría mucha gente porque aunque el ministro se pase el día firmando autorizaciones no podrá atender todos los casos con la eficiencia y diligencia que corresponde.
Pues lo mismo es castrar a todos los fiscales del país que históricamente han podido solicitar apoyo policial en sus investigaciones, asumiendo la responsabilidad y consecuencias legales de sus actos. Ahora la eterna vigilante, que anuncia casos que nunca avanzan si implican a sus protegidos, da ese paso extremo después de haberse reunido con Giammattei e impide que cualquier Fiscalía accione ante la PNC.
Como que hay algo que no tiene bajo control y le quita el sueño. Sólo de esa manera se puede explicar la instrucción tajante a las dependencias policiales para que no muevan un dedo sin que la misma Consuelo Porras dé su autorización. Los fiscales quedan maniatados, sobre todo en casos que interesan a la Fiscal General, referidos a personas a las que se debe tratar con cortesía, “dada su alta investidura”, como instruyó a la FECI cuando hizo requerimientos a la entonces Secretaria General de la Presidencia y ahora magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Por allí va la mosca, se suele decir, y a ello se debe el cuello de botella.
