La falta de aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Iniciativa 6593), en medio del vacío legislativo provocado por el período de descanso en el Congreso de la República, ha encendido alertas en los sectores económico y financiero del país.
Analistas y expertos advierten que el retraso en su aprobación no es un tema menor: podría comprometer la estabilidad financiera, debilitar la confianza de los inversionistas y afectar la competitividad internacional de Guatemala.
El ex presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, señaló que la no aprobación de esta normativa incrementa el riesgo de que el país sea incluido en la lista gris de naciones no cooperantes, lo que tendría efectos directos en el costo del financiamiento, la inversión extranjera y la generación de empleo.
“Definitivamente podría tener impacto en las inversiones extranjeras hacia el país, encarecer el crédito proveniente del exterior y debilitar la confianza internacional”, advirtió.
Recinos insistió que el Congreso debe alcanzar un consenso razonable, cuidando que las enmiendas no debiliten los puntos medulares de la ley.
En la misma línea, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) exhortó, a través de un comunicado, al Congreso a continuar con el proceso legislativo y avanzar hacia la aprobación por artículos y redacción final.
La entidad destacó que la iniciativa, ya aprobada en tercer debate, representa un paso importante para fortalecer el marco legal e institucional del país.
“Una normativa alineada con estándares internacionales contribuye a proteger el sistema financiero y a reforzar la lucha contra actividades ilícitas”, señaló AmCham, enfatizando la necesidad de certeza jurídica y mecanismos efectivos de implementación.
NO PUEDE ESPERAR
Por su parte, la Superintendencia de Bancos (SIB) recordó que, aunque las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo siguen vigentes, la aprobación de la iniciativa es urgente para actualizar los controles y medidas de las instituciones financieras.
La SIB, a través de la Intendencia de Verificación Especial, ha acompañado técnicamente la construcción de la ley y mantiene un diálogo permanente con el Congreso y el Ministerio de Finanzas.
“La prioridad es dotar al país de un marco normativo actualizado que sustituya una legislación con más de 25 años de vigencia, y que permita demostrar resultados efectivos ante la evaluación de GAFILAT en 2027”, enfatizó la institución.
Sobre las enmiendas que han discutido en el Congreso de la República, la SIB destaca que, el proceso legislativo de la Iniciativa de Ley 6593 es el espacio «propicio para el análisis técnico y el diálogo multisectorial», y aclara que las 14 enmiendas propuestas a través de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, mantienen el enfoque y esencia técnica de la ley y el cumplimiento de estándares internacionales.
Los tres actores coinciden en que la discusión sobre la Ley Antilavado trasciende lo técnico y lo legislativo: se trata de un tema de país, que impacta la confianza internacional, el acceso a mercados, el flujo de remesas y la atracción de inversión. La aprobación de la iniciativa no solo fortalecería la institucionalidad financiera de Guatemala, sino que también enviaría un mensaje claro de compromiso con la transparencia y la competitividad global.
