Julio Roberto Bermejo González
No me canso en repetir que las últimas elecciones para presidente; vicepresidente y diputados al Congreso de la República no debieron haberse realizado sin antes haberse introducido las reformas necesarias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; los acontecimientos que se han producido nos dan – a todos los que nos opusimos – , la razón. Se eligió a un “ni corrupto ni ladrón” y nos resultó un personaje que no transmitió moralidad a su prole y que también sistemáticamente se ha opuesto – por acción y omisión – a que se combata la corrupción, mal profundamente enraizado en todas las instituciones y para que el mal sea mayor alcanzó lamentablemente a la iniciativa privada, la que por mucho tiempo ha hecho gala de honradez y patriotismo y ahora, al destaparse la olla, resultó mezclada – un fuerte sector de ella – en acciones ilegales en las contrataciones con el Estado y omisiones en sus obligaciones tributarias. Sin embargo, debemos confiar en que todavía quede un sector honrado, pero ello se demuestra no solo con palabras sino con actitudes serias y concretas en contra de la corrupción. Sería admirable ver a sus dirigentes en las manifestaciones. La corrupción se apoya o se combate. No hay términos medios. El presidente Jimmy Morales no dio muestras de corregir a su equipo de gobierno.
Jimmy Morales dijo en su campaña y aún como presidente, que iba a liderar la lucha contra la corrupción, pero desgraciadamente le faltó voluntad o capacidad para ello. No impulso esfuerzos legales contra los sindicatos corruptos – los pactos colectivos son abusivos e ilegales y el Estado no tiene capacidad financiera para cubrirlos -. Dos años después; sin embargo, tampoco se ha hecho nada al respecto. El Ministerio Público y la CICIG levantaron la bandera de la lucha contra la corrupción, lo que tuvo reconocimiento nacional e internacional indiscutible. El mandato de la CICIG fue amplio, pero esa amplitud se acordó porque el país estaba al borde del colapso –. La ONU apoyó a Guatemala creando la CICIG de común acuerdo con el Gobierno de Guatemala.
El Presidente Giammattei dice que apoya la lucha contra la corrupción, pero sus actos no expresan eso. Apoyó ese acto repugnante de declarar non grato al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez y su inmediata expulsión del país. Con esto, el Gobierno se pintó de cuerpo entero porque sin la CICIG se debilitó el Ministerio Público. Y ello significó que la corrupción continuará sin límites y la impunidad se consolidó.
Es el momento de referirnos al Congreso de la República. Aproximadamente la tercera parte de los Diputados están, unos con juicio en proceso y otros con diligencias en trámite para que se les levante el antejuicio por sospechas de ser responsables de actividad electoral ilícita, vinculación con el narcotráfico o por haberse aprovechado de plazas fantasmas. Estas situaciones han determinado que los Diputados – con algunas excepciones – se unan graníticamente a sectores claramente identificados, para frenar la lucha contra la corrupción, presentando acciones judiciales espurias o retrasando maliciosamente los procesos en desarrollo, todo con el propósito de quebrar la lucha del Ministerio Público y llegar al momento de cooptar la próxima designación del Fiscal del Ministerio Público – Presidente y Congreso de la República – están comprometidos con la corrupción y la impunidad.
Con sus actos, la actual legislatura – caracterizada por el transfuguismo – ha sido el peor Congreso de la República que ha tenido Guatemala. Con las manifestaciones ciudadanas que se dieron en 2015 se creyó erróneamente que la lucha contra la corrupción se consolidaría, pero como no se introdujeron las reformas necesarias para modificar el sistema político se postularon los candidatos equivocados para Presidente de la república y resulto electo un sujeto cuyo slogan era también “ni corrupto ni ladrón” y “yo no quiero sr un hijo de puta más en Guatemala” y resulto un Presidente timorato, inexperto y que tenía colas de corrupción que se ignoraban; asimismo, se eligieron Diputados que formaban parte de la misma clase corrupta contra la cual se creía que se estaba luchando. El personaje que lideraba el Partido Político ganador dijo que lucharía contra el transfuguismo y resulto que no hizo ninguna acción en ese sentido y por el contrario aceptó y promovió que los tránsfugas se cobijaran en el FCN NACION y en otros partidos descalificados. Las fuerzas corruptas empezaron a dominar en el hemiciclo, lo que ha significado un bloqueo permanente a la reforma de las leyes que la democratización del país exige. Las reformas que han realizado no son suficientes para consolidar la democracia, la transparencia y la honestidad que el pueblo demanda. Corresponde continuar la exigencia al Congreso de la República para que se lleven a cabo las pendientes reformas a las leyes que pueden garantizar que el sistema político del país se reforme y permita que los procesos electorales que se llevarán a cabo en el futuro se rijan bajo otras normas y que además dejen de actuar esas funestas Comisiones de Postulación.
Si no se introducen las reformas necesarias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para garantizar formación política de sus miembros y democracia al interior de los Partidos y si además no se fortalece la capacidad y control y fiscalización del Tribunal Supremo Electoral en las próximas elecciones, resultarán electos los mismos incapaces y corruptos que actualmente integran el Congreso de la República – con las concebidas excepciones – ; y lo mismo sucederá con el que sea electo para Presidente y Vicepresidente. Una reforma básica a la ley citada deberá ser lo referente a crear Distritos pequeños, la eliminación de elección por planilla y por lista nacional. Estas reformas le permitirán al pueblo de Guatemala elegir con mayor conocimiento al candidato de su preferencia. No me canso en señalar que el pueblo debe exigir la debida reforma a la ley citada y a otras importantes leyes que también requieren una modificación para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, combatir el contrabando y la evasión fiscal, el recto manejo del erario y el gasto público, el narcotráfico y el crimen organizado y la cooptación que éstos cuerpos criminales hacen de las instituciones del Estado; además, deben reformarse muchas otras normativas que el buen funcionamiento de las instituciones del Estado requieren y para que el estado de derecho sea una realidad y estén debidamente garantizados las paz, la seguridad, la igualdad, la salud, la educación, el salario digno y la libertad. Algo fundamental son las reformas al sector justicia y esto constituye un imperativo categórico en la demanda que el pueblo debe seguir planteando a la clase política que actualmente domina al Congreso de la República, cuya integración sigue estando cuestionada.
El Congreso de la República después de esa lamentable actuación de impedir que a Jimmy Morales se le investigara por financiamiento electoral ilícito, con un comportamiento abusivo – creyendo que nuevamente sería tolerado por la ciudadanía – y en un acto realizado con una ligereza sorprendente, dictó 2 Decretos que contienen reformas al Código Penal y que estaban orientadas a favorecer a la clase política que está guardando prisión y favorecerse ellos mismos para el caso de que la justicia los alcanzara, incluyendo un elemento muy importante consistente en quitar la responsabilidad penal de los Secretarios Generales de los Partidos Políticos y trasladar esa responsabilidad al responsable de llevar la contabilidad del mismo; además, hace desaparecer delitos y rebaja las penas de los ya cometidos facilitando la excarcelación bajo fianza, con lo cual salen beneficiados los delincuentes que guardan prisión en Matamoros y Mariscal Zabala y muchos otros delincuentes. Fue un acto extremo de cinismo y corrupción y pinto de cuerpo entero a los actuales Diputados al Congreso de la República – con contadas excepciones – como un organismo corrupto y promotor de la impunidad.
Estos 2 Decretos número 14-17 y 15-17 que contienen las citadas reformas al Código Penal, son claramente instrumentos para garantizar corrupción e impunidad y su emisión originó una fuerte reacción popular en su contra, unido a la clara reacción de la Conferencia Episcopal de Guatemala, del CACIF y de muchas otras organizaciones – acuerpando esa actitud la Corte de Constitucionalidad dicto un Amparo Provisional para dejarlo sin efecto – , pero el Presidente – supuestamente representante de la Unidad Nacional se limitó a señalar que al recibir esos Decretos los sometería a un análisis jurídico y si correspondía los vetaría, con lo cual dejaba abierta la posibilidad de refrendarlos, cuando su actitud debió haber sido de rechazo absoluto. Una frustración más. Lo anterior originó la fuerte presión ciudadana expresada en días pasados lo que obligó al Congreso de la República a retractarse y emitió un Acuerdo mandando a engavetar estos oprobiosos Decretos – los diputados se llenaron de vergüenza y dieron marcha atrás –.
La ciudadanía con su significativa y valiente lucha cívica debe continuar exigiendo al Congreso de la República reformen de inmediato las leyes que garanticen el funcionamiento honesto de las Instituciones Políticas. Este es el momento de que la ciudadanía reaccione y elija lo que corresponde, porque el país está en una severa crisis política que se proyecta al campo de la administración del Estado y del ejército como institución, además, al Gobierno de la República le corresponde fiscalizar el gasto público y no lo hace y eso ha conducido al país a una absoluta falta de transparencia en el manejo del gasto público.
