Juan Antonio Mazariegos G.
La Municipalidad de Guatemala, mediante el Acuerdo COM – 12 – 2022 publicó recientemente, las modificaciones al Acuerdo COM – 10 – 2019, Reglamento de Vivienda Prioritaria, el cual define como objeto del reglamento, “…la aplicación del mismo como viviendas prioritarias a las unidades habitacionales que cumplan con los criterios de localización, tamaño y precio dispuestos en el presente reglamento, y sean asequibles a las familias guatemaltecas que carezcan de bienes inmuebles y cuyos ingresos sean como máximo de cuatro salarios mínimos mensuales (4 smm)”.
Según la fuente que se consulte, Guatemala enfrenta un déficit de vivienda de entre un 70 a un 85% y de conformidad al Instituto Nacional de Estadística (INE), basado en el XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda del año 2018, en el país existe un déficit habitacional de 1.78 millones de unidades, de las cuales aproximadamente el 82% corresponde al déficit cualitativo, mientras un déficit cuantitativo corresponde a un 18%, es decir, unas 400 mil unidades de vivienda.
Ante una situación como la descrita, en el párrafo que precede, resulta de primordial importancia para las familias guatemaltecas que se aprueben más mecanismos como el que ahora ocupa la presente columna y que trataré de resumir.
Las modificaciones recientemente aprobadas al Reglamento de Vivienda Prioritaria establecen requisitos para el optante a este régimen especial, tanto, desde el punto de vista del Desarrollador Inmobiliario, así como desde la perspectiva de la Familia que pretenda acceder a este tipo de vivienda. Para estos últimos, no tener ingresos superiores a 4 salarios mínimos, estar integrado en una familia, cuyo carácter de guatemalteca, se lo da, simplemente el que uno de sus miembros lo sea, sin hacer distinciones entre matrimonio y unión de hecho, hace asequible a muchas familias este sistema de acceso a una vivienda propia.
Por su parte el Desarrollador Inmobiliario deberá enfrentar también una serie de requisitos que buscan, desde ubicar los proyectos de vivienda prioritaria en las cercanías de las rutas de transporte público; el precio máximo al que se puede vender una vivienda prioritaria, (no más de 91 salarios mínimos); la obligatoriedad de instalar ascensores cuando el edificio tenga más de 4 niveles a partir de la superficie; o la asignación de espacios en las unidades habitacionales adaptadas a las necesidades de las familias; que sea posible pagarlas y que garanticen la higiene y que eviten el hacinamiento.
Por supuesto, para que el Desarrollador Inmobiliario tenga interés en invertir en Vivienda Prioritaria, deben existir incentivos para él. En ese orden de ideas, el Reglamento establece la posibilidad de acceder al índice de edificabilidad ampliado, sin recurrir a los incentivos determinados si invierte en este tipo de vivienda, de igual manera establece la posibilidad de proyectos mixtos, combinando vivienda prioritaria y no prioritaria, o la posibilidad de trasladar los incentivos que obtenga en proyectos de Vivienda Prioritaria hacia otros proyectos que no lo sean.
Corresponde ahora al Desarrollador Inmobiliario tomar conocimiento del Reglamento y promover este tipo de proyectos; y a la Municipalidad, trabajar en conjunto con el Desarrollador para que se empiecen a generar proyectos que permitan a muchos guatemaltecos disfrutar de un techo propio, digno y accesible.
