Con mucho conocimiento de causa, la población guatemalteca inició desde tiempo atrás la solicitud de renuncia de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público y junto con ella, su secretario Ángel Pineda, el fiscal Rafael Curruchiche, Cinthya Monterroso y Leonor Morales. Esta petición se ha transformado hasta alcanzar la petición al presidente Arévalo de que le destituya del cargo e inicie las acciones para investigar y perseguir penalmente a este grupo, hasta que pague por el enorme daño causado a la institución del MP y ya no digamos a la sociedad guatemalteca.
En ese sentido y dando pie al reclamo popular, es importante notar que el artículo 251 de la Constitución Política de la República establece, en sus últimas líneas que, el Presidente de la República podrá remover, al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, por causa justificada, debidamente establecida y es que causas justificadas sobran y todas están debidamente establecidas y observables para toda la población e incluso para la comunidad internacional. Se podría iniciar manifestando que su reelección estuvo marcada por una serie de anomalías que le impedirían ejercer el cargo de Fiscal General. La señora Porras plagió más del 80% de su tesis para obtener el grado de doctora, amenazó a los miembros de la Comisión de Postulación con perseguir penalmente a quien colocara como valoración esta circunstancia para no incluirla en la lista de finalistas para el cargo. Para obtener la inclusión en la lista final de 6 candidatos sobre los cuales Giammattei debía de escoger, se valió de la Corte de Constitucionalidad, quien de manera impune, prácticamente obligó a que así fuera.
A este hecho habría que sumar la espuria y nociva forma de aparentar eficiencia. Miles de denuncias desestimadas, sin hacer los esfuerzos de investigación necesarios, tal y como es su mandato, lo cual afecta profundamente a la población. Prácticamente, desde su llegada, no ha realizado ninguna investigación contra los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei a pesar de la importante cantidad de delitos cometidos por estas dos personas, entre los que pueden detallarse, la quema del Hogar Virgen de la Asunción, la construcción del libramiento de Chimaltenango, los actos de violencia y represión del 21 de noviembre del 2020, la compra de vacunas rusas contra el Covid 19 e infinidad de actos de corrupción.
A todo lo anterior, es necesario sumar la falta de acción en numerosos casos de corrupción e impunidad, en donde están involucrados exfuncionarios, empresarios, militares en situación de retiro, lo cual ha redundado en que muchas de estas personas, sobre las que ya pesaba una fuerte investigación penal e incluso muchos estuvieran con prisión preventiva, hoy anden libres, tales como Sinibaldi, Pérez Molina y Baldizón. Así mismo, recientemente un exdiputado se ha declarado culpable en un tribunal norteamericano por los delitos de tráfico de drogas, sin que este fuera debidamente investigado acá en el país. Por estas y otras razones es que el presidente de la República tiene suficientes causas justificadas para remover a la Fiscal y su equipo.
