Por Jorge Santos
Esta consigna que gritamos en las plazas públicas del país, se originó en las manifestaciones del 2015 ante la crisis provocada por la exacerbada y rampante corrupción e impunidad. La CICIG evidenció con pruebas científicas que el gabinete de ministros del entonces presidente, el militar Otto Pérez Molina, formaban parte de la estructura criminal denominada “La Línea”. Durante cinco meses nos movilizamos para exigir la reforma a nuestro sistema político hacia algo radicalmente distinto, y en el proceso electoral del 2019 nos encontramos con más de lo mismo. En vez de ofrecer una cura, aquellas elecciones fueron la continuidad de la enfermedad, la democracia pasó a agonizar ante este triste ciclo de gobiernos corruptos. Sobrevivimos la mala broma del gobierno del FCN y de nuevo en 2019, fuimos a elegir entre lo malo y lo peor. Con apenas un poco más del 13% de la totalidad de empadronados, Alejandro Giammattei, continuó mediante estados de sitio y uso de la fuerza la consolidación del Estado autoritario y dictatorial.
En 2015 sacamos a Pérez Molina y Baldetti, en 2019 sobrevivimos a Jimmy Morales, Jovel y Degenhart. Desde 2020 aguantamos a Giammattei, Miguel Martínez y Consuelo Porras. Pero en 2023 nos confronta un proceso electoral, liderado por un Tribunal de frágil credibilidad; hijo de La Línea, la cooptación y la captura total de las instituciones del Estado. De la propuesta democrática del 1985, va quedando un poco menos que la nostalgia y los buenos deseos. La autonomía del Tribunal Supremo Electoral, quebrada. La independencia del Organismo Judicial, un recuerdo y la legitimidad de la PDH, una linda historia del pasado reciente. La democracia guatemalteca está hoy amenazada por los vericuetos del proceso electoral 2023.
Quienes somos testigos de este momento histórico, pues ojalá pronto sea nada más que una historia, vemos cómo el robo de la independencia y la autonomía de las instituciones hace quebrar la democracia. Leyes y normas fabricadas a la medida han dejado fuera candidaturas que probablemente lo único que tienen en común, es que no son “las ungidas” por los poderes que deciden e imponen el desorden del país. Lo que usted y yo debimos haber decidido en las urnas con nuestro voto, quedó decidido previamente en escritorios cachimbiros y de mal gusto, al amparo de funcionarios corruptos e impunes. No permiten nuestro derecho humano a participar, a elegir, a ser electos.
Como si fuera poco que tribunales, magistraturas y juzgados carezcan de independencia, la ciudadanía carece de información producto del cierre de medios de comunicación, el hostigamiento a periodistas independientes y la criminalización a la protesta. En este escenario tememos que llegar con poca información a las urnas, a elegir entre veneno e insecticida; entre una estructura criminal oligárquica militar y otra narco-corrupta. Al final ambas a merced de la continuación de la dictadura criminal al servicio de los de siempre. En estas condiciones, ¿para qué queremos elecciones? Si al final de cuentas, la decisión criminal ya fue tomada.
