Jorge Santos
Hace dos días se hizo público el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- para el año 2022, respecto a la situación de derechos humanos en el país y su decisión de incorporar al Estado guatemalteco en el Capítulo IV.B. Según el Informe en cuestión establece que una vez “evaluada la situación de derechos humanos en Guatemala, la CIDH decidió incorporar al Estado guatemalteco en el presente Capítulo porque considera que ésta se enmarca en el artículo 59, inciso 6.d)) del Reglamento de la CIDH, el cual establece como criterio para la inclusión de un Estado Miembro en el presente capítulo la existencia de: d. la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. Entre otros factores a ponderar, estarán los siguientes: (…) ii. Incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta.”
Dice el informe de la CIDH que, la información recibida y analizada en el 2022 apunta a que la situación identificada en el 2021 relacionada con la obligación del Estado de combatir la impunidad y respetar y garantizar la independencia judicial, se habría agravado. Es decir que la CIDH a través de dicha evaluación advierte una intensificación de la persecución judicial, la criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar de su cargo a personas operadoras de justicia encargadas de la investigación y juzgamiento de casos vinculados con el conflicto armado interno, incluyendo casos que cuentan con sentencia de la Corte Interamericana, y con hechos de corrupción de alto impacto o gran escala.
Estas conclusiones emitidas por la CIDH son totalmente congruentes con las múltiples denuncias realizadas por la ciudadanía y grupos de sociedad civil, en particular las realizadas por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA) que da cuenta del incremento de agresiones y violencia política contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos.
Este importante Informe, no sólo da cuenta de los reclamos de la ciudadania guatemalteca, sino debe de convertirse en un instrumento más de lucha de los Pueblos, las organizaciones de sociedad civil y los movimientos sociales y populares, para seguir alzando su voz contra la injusticia, en contra de la corrupción y la impunidad, en contra de la instalación del Estado autoritario que pretende Alejandro Giammattei y el Pacto de Corruptos, debe de ser una voz más potente contra el empobrecimiento y el abandono al que la población ésta sometida. Este Informe de la CIDH debe de incrementar nuestos esfuerzos nacionales, pero particularmente internacionales para que se conozca la verdad sobre Guatemala y que con ello, más pronto que tarde caigan quienes hoy nos somenten a tan indignas condiciones de vida y nos coloquen de nuevo en la posibilidad de construir la tan anhelada democracia.
