Lo más seguro es que cuando usted esté leyendo esta columna de opinión, el Tribunal Supremo Electoral -TSE- ya haya realizado la convocatoria a las elecciones generales 2023. Sin lugar a dudas, este proceso se da en un marco de grave retroceso democrático, plena cooptación institucional y altamente cuestionado, lo cual nos obliga a demandar un proceso limpio, transparente y con garantía plena de los derechos humanos de toda la población. Para que ello se dé, es importante revisar los parámetros que en materia de derechos humanos deben darse para todo proceso electoral.
Dentro de este proceso será indispensable garantizar la libertad de expresión y acceso a la información, lo cual implica que toda la ciudadanía pueda acceder a información verdadera antes de ir a votar. Información sobre propuestas de partidos, candidaturas de los partidos, quiénes son los financistas, el proceso electoral, resultados. También la labor de periodistas, comunicadores sociales y analistas de investigar, publicar y difundir información. La libertad de expresión, la de reunión y la de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho de voto y deben protegerse plenamente.
También deberá garantizarse la seguridad e integridad de todas las personas, antes, durante y despues de la elección. Vida e integridad de candidatos y candidatas, incluidas las personas de la oposicion. Vida e integridad de gente que asiste a eventos convocados por partidos políticos para informarse o apoyarles. Vida e integridad de la gente que es voluntaria durante el proceso y se vuelven guardianes de la voluntad general.
Pero igual de importante y más aún cuando el proceso arranca en un marco de cuestionamientos severos a la transparencia de las elecciones, que la participación pueda darse en condiciones de igualdad y no discriminación, así como de libertad para todas las personas, sin importar edad, residencia, sexo, identidad de género, pertenencia étnica, discapacidad, idioma, entre otros. Esto con el objetivo de no permitir un desbalance e inequidad en cuanto al ejercicio de participación y de elección. Esto es particularmente importante para que el histórico peso aplanador del voto de la metrópoli no termine siendo quien la fina decida.
El tribunal deberá además adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que todas las personas, en particular las poblaciones vulnerabilizadas, tengan derecho a votar y que puedan ejercerlo libremente. Pero también es importante que la realización efectiva del derecho y la posibilidad a cargos públicos garantiza que todas las personas con derecho de voto puedan elegir entre distintos candidatos.
Todas estas obligaciones del Estado guatemalteco, son fundamentales para garantizar efectivamente un proceso electoral limpio y transparente y nosotros y nosotras, la población nos corresponde informarnos apropiadamente, verificar quiénes son las personas que van a cargos públicos y clarificar aquellos que han participado en actos de violencia, corrupción, impunidad y/o pertenecen a estrucutras criminales y no permitirles que resulten electos y que con ello conduzcan los destinos de la sociedad.
