Por Jorge Santos
Varios han sido los actores y sectores que han denunciado la configuración de un Pacto entre las élites económicas, políticas, militares y hasta del crimen organizado con el objetivo de copar la institucionalidad pública. La lógica detrás de este Pacto es lo que intentaremos develar a continuación.
Es un hecho que el Modelo de Estado y el Modelo de Desarrollo en el país, ha sido fundado para garantizar los privilegios de un pequeño grupo de población, en detrimento de las grandes mayorías. Estos modelos organizados sobre la expoliación de la fuerza de trabajo, sobre el uso extensivo de la tierra, así como sobre la exclusión e inequidad que genera pobreza ha sido la constante en la historia patria. Sin embargo, este modelo agotado ha sido fracturado en múltiples oportunidades en tiempos de paz, situación que no es del agrado de las élites parásitas que han vivido de este sistema opresor.
Estas fisuras en el sistema de privilegios, han sido, aunque pequeñas, importantes logros o primeros pasos que permitirían ir transformando este sistema de privilegios. Estas fisuras habían permitido que el Sistema de Justicia en el país llevara a tribunales y fueran enjuiciados personajes vinculados a ese pequeño grupo que ostenta el poder y que a través de él han abusado del mismo, han cometido arbitrariedad y han cometido graves violaciones a derechos humanos. Dichas fisuras han permitido que el saqueo de los recursos naturales no sea aún la dinámica impuesta totalmente.
Sin embargo, estas fisuras, constituidas en heridas al dinosaurio que lucha por no extinguirse, han producido una reacción violenta, que incluyendo acciones que rompen su propio orden, se han constituido en un refrito de pacto, tan añejo como sus aspiraciones desmedidas de dinero, ambición y poder.
Este pacto, en donde sin lugar a dudas se encuentran miembros de los ocho grupos familiares corporativos que hoy vinculados en calidad de servidumbre al capital transnacional, pretenden seguir parasitando a costas del empobrecimiento de la población; miembros del poder militar quienes instrumentalizados por los primeros han cometido incontables horrores contra la población, ejerciendo la mayor de las violencias para el mantenimiento de la riqueza espuria del poderoso económicamente.
Atrás en un segundo plano, dentro de este pacto, esta nuestra siempre corrupta y servil élite política tradicional y derechizada. Esta élite política que subsiste gracias al amparo de la élite económica. De tal cuenta, que estamos asistiendo a la cooptación total de la institucionalidad pública, tal y como lo fue en el marco del conflicto armado interno, con el fin de imponer una lógica de impunidad, para garantizar que su modelo saqueador de recursos naturales pueda garantizarse sin dificultad alguna.
Eliminar a aquellos y aquellas funcionarias que han formado parte de las fisuras al sistema; colocar con fines de cooptación a serviles funcionarios en toda la institucionalidad pública; militarización de la vida social, son la constante que hemos evidenciado durante los últimos años, como el ejercicio pleno y certero que el Pacto ha sido impulsado y que requiere de nuestra mayor y enérgica respuesta para que la espiral de la violencia y el horror no vuelva jamás al país.
