Por Jorge Santos
No cabe la menor duda de que en Guatemala se está instalando una nueva dictadura. No viene vestida de militar Genocida, sino de traje sastre y muletas, pero con el denominador común de violencia, corrupción, impunidad, represión, concentración de bienes y el consecuente empobrecimiento de la población. Esta experiencia imperante tiene la capacidad de abrumarnos, es necesario identificar las manifestaciones del totalitarismo, los rostros que se esconden detrás de la dictadura y el costo que se impone a la sociedad guatemalteca.
Una de las manifestaciones más evidentes es la captura de múltiples instituciones del Estado guatemalteco, que ha imposibilitado el ejercicio de equilibro de poderes necesarios en una República y fundamentales en la democracia. La permanencia de las altas Cortes, la reelección de una Fiscal General señalada por su complicidad con la corrupción, la exclusión de electores en la elección del Rector, e incluso la captura de la Corte de Constitucionalidad garantizan la impunidad y los privilegios. Los rostros detrás de esta captura son estructuras criminales de cuello blanco, disfrazadas de empresarios, que promueven la corrupción para sus beneficios personales.
El costo pagado es la expulsión de la institucionalidad de los funcionarios y funcionarias defensores de la legalidad y la democracia. A la fecha hay más de 20 operadores y operadoras de justicia en el exilio. La criminalización ha sido la herramienta para alejarles de sus puestos y funciones debilitando la aplicación de la justicia en el país. La factura se impone a nivel societal, pero también personal; tal el caso de quien sufre criminalización por su labor como Fiscal Especial contra la Impunidad -FECI- del Ministerio Público en Quetzaltenango. Privación de libertad en pago por su respeto al Estado de Derecho, la investigación y persecución contra actores de la impunidad y la corrupción.
Otro rostro y manifestación del régimen dictatorial es la escalada de violencia. La ciudadanía, particularmente de las áreas urbanas, sufre cotidianamente de la inseguridad producto de la violencia impune. Muchas personas asumen el costo pagando para el resguardo de su vida e integridad; así como de sus seres queridos. Aún con el descarado y desproporcionado incremento al combustible, las calles siguen llenas de vehículos, como una alternativa de protección de la población. Mientras la creciente violencia e incremento de precios afectan a la población, la élite gobernante y política sostienen privilegios, se devoran el erario público y se financian sus empresas; se enriquecen a costillas de la población.
También son susceptibles a los tentáculos de la dictadura los procesos electorales. Manifiesto el fraude electoral que se pretende consolidar en la única Universidad estatal existente. Entre lacrimógenas, balas y gorilas pretenden imponer como Rector a un personaje que carece de los requerimientos mínimos para serlo. Esperemos que no sea la antesala a las elecciones generales del 2023.
En la dictadura la mentira persiste a costa de la verdad, la impunidad a costa de la justicia y los privilegios a costa de la democracia y el bien común.
