Por Jorge Santos
A estas alturas, sólo aquellos que comparten los espurios intereses de quienes se benefician de la corrupción y la impunidad, coincidirán que el modelo de las comisiones de postulación sigue siendo válido o legítimo para la designación de funcionarios. Sin embargo y sin entrar en detalle del por qué dicho modelo está agotado, vale la pena señalar, que la captura de las instituciones por parte de personajes cuestionados por carecer de ética, profesionalismo y honestidad, no importaría que el diseño de ese modelo o cualquier otro sea lo más elaborado, ya que ellos y ellas siempre, con su actitud criminal sesgarían las normas y las adecuarían para garantizar el saqueo y la corruptela.
La historia reciente da cuenta que cuando quienes intervienen en las decisiones de la cosa pública, lo hacen desde el profesionalismo, la ética y la honestidad, es posible designar a personas capaces a cargo de las instituciones públicas y que cuenten con la suficiente honorabilidad para que sus acciones sean en el marco del respeto de la legalidad y en virtud de satisfacer los intereses colectivos. Lamentablemente, esto no ha sido así durante los últimos años. Esto ha quedado por demás evidenciado en la designación de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, la Corte de Constitucionalidad, el Mecanismo Nacional de la Oficina de Prevención de la Tortura, entre otros espacios.
Pero si aún, esta larga lista de perversos arreglos para que gente incapaz, corrupta y carente de ética llegue a dirigir instituciones del Estado guatemalteco no le convence, la evidencia observada durante el proceso de designación de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público es por mucho abrumadoramente una materialización de lo que he descrito previamente. La colusión entre actores públicos ha hecho de este proceso una perversidad absoluta, desde la posibilidad de que una usurpadora de funciones en la Corte Suprema de Justicia, presida la Comisión de Postulación, pasando por la decisión de la Corte de Constitucionalidad de impedir la participación de jueces y juezas en el proceso, hasta la amañada, pero ya conocida forma de votar para elaborar la lista de 6 candidatos, de los que el presidente de la República deberá elegir. Todo este proceso, aparentemente revestido de legalidad, no ha sido más que la conjunción de todas las irregularidades y guizachadas posibles para el beneficio de la Alianza Criminal que impone la dictadura.
Al final de cuentas, se pueden prever tres escenarios que no modificarán el actual proceso de captura institucional del MP. O a sangre y fuego incluirán a María Consuelo Porras en la lista de 6 con altas probabilidades de ser reelecta o se promoverá un proceso parecido a lo que está sucediendo en las altas cortes y con ello se posibilitará que continúe el mismo grupo que ha asaltado el MP o bien habrá una lista de 6 sin Porras, pero en donde el presidente y su actitud criminal, designará a otro personaje servil a los intereses de la corrupción e impunidad.
