Jorge Santos
La oligarquía guatemalteca, esa que ha sido denominada la élite depredadora, seleccionó de manera adecuada al próximo servil que ocuparía la presidencia de la República. No sólo se trataba de un ex funcionario de varias instituciones públicas, que buscó llegar a la dirección del Organismo Ejecutivo, sino se trataba de un gatillero, capaz de cumplir con acciones deleznables como el ejecutar extrajudicialmente a privados de libertad.
Este personaje que alcanzó la presidencia en 2019, en un evento electoral marcado por irregularidades, un Tribunal Supremo Electoral que jugó para favorecer a quienes ya habían sido seleccionados por la oligarquía y un alto abstencionismo, se convertiría así, no sólo en la continuidad del aprendiz de dictador Jimmy Morales, sino en el inicio de la instauración de un Régimen autoritario, impune, corrupto y violento.
Una vez terminada la segunda vuelta electoral, el ya electo presidente, daba muestras de su carácter autocrático y claramente dictatorial. Su discurso de toma de posesión fue una vociferación sin sentido, típico de quien no hará más que seguir las ordenes de quienes se constituyen en sus jefes y quienes financiaron sus cuatro campañas electorales. Prácticamente desde el 14 de enero del año pasado, su forma de ejercer el poder ha estado marcado por actos de corrupción, captura institucional, desatención de sus obligaciones constitucionales, estados de excepción, beneficio a amigos, familiares y a su pareja sentimental y por supuesto, como el buen gatillero que siempre le ha caracterizado, la instalación de mecanismos de terror y violencia estatal, similares a los observados durante en el Conflicto Armado Interno.
Aunque la violencia estatal durante este Gobierno, la hemos vivido con mayor intensidad en los 10 Estados de Excepción instalados el año pasado en varias zonas y municipios o en la ausencia de atención adecuada a los impactos de la pandemia Covid 19, en el ejercicio represivo que hemos asistido con más profundidad cuando nombra a Gendry Reyes como Ministro de Gobernación. La brutal represión, las detenciones ilegales practicadas por la PNC y la saña con la que actuaron agentes de seguridad, dan muestra del retorno y consolidación del Estado autoritario y criminal.
Los recientes acontecimientos, en donde el Estado con toda su fuerza pública, legitima la acción delictiva de la empresa minera CGN-PRONICO al desobedecer una resolución judicial o bien la actuación de la PNC en el desalojo violento contra los legitimos propietarios en la comunidad Chinebal, son la mejor y material muestra de que el gobierno de Alejandro Giammattei no es más que el sepulturero de las esperanzas y deseos de alcanzar paz y bienestar para todos y todas, marcados en los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz. Cada vez más el gobierno de Giammattei se aleja de la agenda de la paz e instala un régimen autoritario que tiene por objetivo central beneficiar a la oligarquía que le puso en el poder. Para los Pueblos y la ciudadanía, retomar la agenda de la paz es un hecho fundamental.
