Por Jorge Santos
Las recientes decisiones de tres “magistrados” de la Corte de Constitucionalidad, quienes, emulando las acciones típicas de la mafia, se organizan para proteger los intereses de la impunidad y la corrupción en el país. En un mismo día, estos tres delincuentes encumbrados a magistrados de la alta Corte, nos colocaron como la República bananera digna de la dictadura más atroz. Su primera resolución, fue rechazar los amparos interpuestos para detener uno de los agravios más grandes a las democracias, la validación y legitimación de la libertad de asociación, en el caso de las Reformas a la Ley de ONG y la segunda imposibilitando que dos delincuentes de la oligarquía guatemalteca puedan ser juzgados por el delito de financiamiento electoral anónimo.
A exactamente un mes, en que el Pacto de Corruptos, organizado tal cual banda de delincuentes juramentara a las nuevas y nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se realiza la reunión en donde asestaran uno de los golpes más graves de la democracia guatemalteca. Como si no fuera suficiente que sus pares cometieran el delito de no juramentar a la Magistrada Gloria Porras, las y los serviles magistrados de la máxima Corte, están listos para terminar con la poca democracia que nos asiste a las y los guatemaltecos. Esta Corte con magistradas y magistrados de la estatura moral, ética y profesional de Molina Barreto, Leyla Lemus, Dina Ochoa y Luis Rosales, no será sino un mero centro de procuración de impunidad y violencia contra la población guatemalteca.
Ahora el Pacto de Corruptos, con la oligarquía a la cabeza, se encamina a reproducir lo que otras dictaduras en distintas latitudes del planeta realizan. La cooptación de las instituciones del Sistema de Justicia es el primero de los pasos hacia la tiranía y sin lugar a dudas el más importante para la consolidación de esas impunes intenciones. Para la oligarquía guatemalteca no es un asunto nuevo, lo conoce bien y lo ha implementado en el pasado y de ahí su meticuloso calculo de que podrá salir bien nuevamente. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó que durante los años del enfrentamiento armado, “el Sistema Judicial del país, por su ineficiencia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el Poder Judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos…. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio, cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados a reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales”.
Este es el actuar del Régimen encabezado por Alejandro Giammattei y diseñado y financiado por la oligarquía, que de no detenerse acabará con las posibilidades reales de construir vida digna y democracia.
