Alfonso Mata
A nadie escapa la relación patológica Estado-Sociedad en que vivimos, marcada de violencia y agresión que culmina en criminalidad de todo tipo. Tampoco que en medio de tal conflicto se dan pandemias y epidemias; deficiencias de enseñanza y aprendizaje; falta de salud; robos, estafas, abusos hacia la persona, hacia grupos. Ante tal situación, los que se benefician de ello, no es extraño que exclamen «todo marcha bien, no es necesario cambio alguno» y al logro de ello dirigen sus baterías; mientras sus voceros ante opiniones en contra propagan que los que se oponen son populistas, qué pasa a interpretarse de comunista.
Ante los dilemas planteados, nos topamos con una Constitución y leyes que prometen libertad de opiniones, de oportunidades, de comercio y vida social justa, sin poner en manos del Estado y sociedad civil, las herramientas para que se pueda consumar en realidad: igualdad de oportunidades y jurídica para todos; gobierno del pueblo; aplicación justa de la ley y funcionamiento con transparencia de todo. Al final de la historia, nos topamos con que la brecha entre promesa y realidad en la vida cotidiana del país es abismal y producto de ello -que data de siglos- es que somos un pueblo incapaz, primero, de percibir la majestad y beneficio que conlleva la ley lo que data de la conquista y colonización; desde nuestros ancestros y segundo, y por consiguiente, de cumplirla. El otro día, un ministro se quejaba de que «el 90% de peticiones que me hacen funcionarios públicos y particulares viola la ley». Nuestra vida pública y privada, gira alrededor de esta actitud; un auténtico bandidismo cubre no sólo las instituciones sino la vida cotidiana ya sea produciéndolo o teniendo que usar el cumplidor, buen tiempo de su existencia para superarlo.
Lo triste entonces de nuestra historia es que no contamos (en la teoría si en la práctica no) con la defensa del orden por los tribunales y ello lleva a otra conducta lastimosa muy nacional: la desconfianza. Las operaciones de la CICIG iban encaminadas a fortalecer un estado de derecho. La desconfianza, ignorancia y nuestra actitud ante la ley, pero sobre todo un desequilibrio de fuerzas de poder, dio al traste con ello, pues la responsabilidad colectiva para gobernar no tiene espacio ni en lo público, ni en lo privado (la tradición lucha contra ello) y por eso es que todo proceso de cambio se estrella y termina por conseguir el resultado opuesto. Ejemplos similares en la vida diaria también se dan. Es usual ver padres de familia presionando a los maestros y establecimientos, para obtener reconocimientos de sus hijos, que estos no merecen. Por consiguiente, la falta de responsabilidad ciudadana tanto política como social, nos transforma en terroristas contra nuestra propia Constitución y leyes, favorecido esa actitud en muchos su aislamiento político y viceversa del gobierno hacia al pueblo. Ese aislamiento es el caldo que alimenta e induce a cometer delito a ambos. Nos persigue implacable, una colaboración subalterna basada en una historia de siglos y generaciones, que deja de lado el concepto de libertad y justicia, permitiendo que la ley se rija en el compadrazgo y la amistad; en la preponderancia que damos a nuestro existir basado en mi propio beneficio a costa de todo y de todos.
