Jonathan Menkos Zeissig
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¿Puede existir la democracia sin una justicia independiente? ¿Se puede garantizar la paz social en contextos en donde los operadores de “justicia” toman partido por el mejor postor, por el aliado o por el socio? ¿Quién garantizará el control contra el abuso de poder de quienes lo ostentan en lo público y en lo privado? ¿Para dónde va una sociedad en la que quienes deben garantizar la ley son quienes primero la violan?
Llevamos muchos años observando como se deteriora el sistema de justicia guatemalteco. Sin embargo, los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei y sus aliados criminales (narcotraficantes, malos empresarios y dirigentes religiosos con beneficios surgidos de mezclar a Dios con los negocios) han logrado transgredir las leyes para proveerse impunidad, fomentar la corrupción y asegurar que el Estado guatemalteco continúe asfixiado por su captura e imposibilitado de fomentar el desarrollo y la democracia. Hoy tenemos en las más altas cortes del país, magistrados señalados de falsificar títulos universitarios o de no contar con los obligatorios para ejercer su puesto, otros señalados de corrupción en el exterior y abiertamente declarados cercanos a partidos políticos e intereses espurios y algunos en funciones más allá del tiempo que estipula la ley. En contraposición, jueces de comprobada honorabilidad, como la jueza Aifán, están siendo aorillados y obligados a salir del sistema de justicia.
Otro rasgo notorio de la destrucción de la justicia en Guatemala lo constituyen las acciones deliberadas de funcionarios en todos los niveles y organismos del Estado que buscan despojar a las personas de la capacidad de expresarse, de manifestar su inconformidad ante el abuso, de auditar y exigir la rendición de cuentas sobre el poder público. La represión violenta está a la orden del día, como lo hemos visto en El Estor, pero también la represión aparentemente más sutil reflejada en la persecución penal de activistas de derechos humanos por delitos espurios. En contraste, los corruptos que llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados, hoy se están viendo liberados de toda culpa, a pesar de que sus acciones han prostituido la administración pública y el erario, promovido la miseria, la muerte y la desesperación de miles de guatemaltecos.
Cientos de personas y organizaciones han publicado el día de hoy un comunicado exigiendo una justicia independiente, conscientes de que solo la unión de toda la sociedad, teniendo en común la añorada búsqueda del bien común, logrará frenar el intento de captura total del sistema de justicia que se está llevando a cabo. Comencemos por respaldar a aquellos funcionarios honestos que siguen luchando por hacer posible el impartir una justicia basada en el derecho y que no ceden ante las presiones de los corruptos.
Demandemos y organicémonos para exigir la depuración de los tres poderes del Estado, teniendo como punto inicial la destitución de los funcionarios que han sido señalados de corrupción y de un manejo abusivo del poder público que el pueblo les ha conferido. Toca también acabar con la prostitución que hoy es mayoría en la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. El daño que los magistrados y jueces deshonestos hacen al país y a sus habitantes es enorme. Cada día que pasa con esta gentuza en el sistema de Justicia, es un día ganado para el hambre, la violencia y el autoritarismo. Guatemala puede ser un mejor país, uno en el que todos tengamos un sitio y bienestar asegurados, pero eso nunca será posible, mientras la justicia la impartan los corruptos para el bien de los corruptos.
