Jonathan Menkos Zeissig
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Hace una semana la irracional aplanadora oficialista en el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, desoyendo una vez más las recomendaciones reiteradas por diversas organizaciones sociales —incluidas las autoridades indígenas y ancestrales, centros de pensamiento y organizaciones en favor de los derechos humanos— con el fin de superar los problemas sanitarios, educativos y económicos exacerbados por la pandemia del Covid-19 y promover unas finanzas públicas sanas, con mayor transparencia y calidad en su ejecución.
Esa mayoría oficialista en el Congreso, no solo no escuchó, sino que aprobó numerosas asignaciones de gasto público cuestionables por carecer de respaldo técnico y facilitar la corrupción y el despilfarro. Las asignaciones más abusivas suman Q4,847.4 millones y entre estas destacan las siguientes.
1) Q3,539.0 millones en aportes directos a organizaciones no gubernamentales. La forma en la que se presentan a la ciudadanía los aportes a estas oenegés dificulta discernir entre las entidades legítimas que producen resultados sociales y aquellas ilegítimas, vinculadas con políticos y financistas de campañas electorales. Esta mezcla de aportes a entidades legítimas e ilegítimas ha facilitado la corrupción y el abuso.
2) Q167.3 millones para obras en 5 hospitales (Malacatán, San Pedro Necta, Rabinal, Retalhuleu y Coatepeque) y Q15.0 millones para el centro de salud de San Cristóbal Totonicapán. Algunas de estas obras han sido cuestionadas por problemas de corrupción, además de sus débiles bases técnicas para priorizarlos.
3) Q530.0 millones adicionales para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), supuestamente para apoyar la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y el fortalecimiento de la salud. ¿Qué idoneidad y capacidad pueden tener los Codede para realizar estas inversiones? Además de sus ampliamente conocidos antecedentes de corrupción y opacidad.
4) Q312.5 millones destinados al seguro médico escolar privado, fondos que podrían destinarse a mejorar la salud pública de todos. Asimismo, en 2020, la propia Auditoría Interna del Ministerio de Educación reveló múltiples fallas en su funcionamiento operativo y su cobertura, así como la falta de información esencial para evaluar su efectividad, incluyendo la dificultad para verificar físicamente la existencia de la red de proveedores contratada por el Crédito Hipotecario Nacional.
5) Q283.6 millones, incorporados abruptamente por diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para obras de dudosos resultados.
El día de hoy, más de 150 organizaciones sociales y personas han hecho un llamado al presidente Giammattei y al Congreso de la República para que se suprima la ejecución de las asignaciones para el seguro médico escolar y el aporte extraordinario a los Codede, y se trasladen estos recursos a programas que eleven las metas de cobertura y calidad de los programas de salud, educación, protección social y desarrollo rural, priorizando a las poblaciones más afectadas por las crisis recientes.
Asimismo, piden la instalación de una mesa técnica en el Congreso de la República para corregir el presupuesto aprobado para 2022, revisando la justificación, respaldo técnico y las metas físicas de cada una de las asignaciones de gasto cuestionables por Q4,004.9 millones. Finalmente, reiteran la necesidad de elaborar una hoja de ruta para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular aquellos relacionados con la erradicación de la pobreza extrema, la salud y la nutrición y la educación, el agua y el saneamiento ambiental, ligados directamente con el bienestar de la población, en particular, de las niñas, niños y adolescentes.
Todos los ciudadanos debemos exigir presupuestos públicos capaces de responder a las preocupaciones sociales, buscando lograr metas de bienestar y desarrollo y libres de arbitrariedades, despilfarros y corrupción.
