Juan José Narciso Chúa
El año 2021 terminó con estados de sitio e igualmente inició con otro, ambos con propósitos diferentes, pero al final constituyen la expresión de la carencia de capacidades gubernamentales para enfrentar problemáticas –principalmente en el caso de Nahualá-, así como muestran la cooptación del régimen gubernamental por parte de empresas extractivas de dudosa reputación y alejadas de los estándares establecidos en sus países de origen –principalmente en el caso de Suiza-.
Los estados de sitio se encuentran contenidos en la Ley del Orden Público que data del Gobierno de facto de Peralta Azurdia y la misma nace con un objetivo abiertamente contrainsurgente en aquellos años, pero que los diferentes regímenes de gobierno –tanto en el legislativo como en el ejecutivo-, han evitado modificar pues, desde aquella época, todos tienen en su propio espíritu interno una visión conservadora.
El actual régimen constituye el que mayormente ha impulsado estados de sitio, pero los resultados de los mismos al final terminan siendo paupérrimos, únicamente constituyen un aparente interés por resolver problemáticas como la violencia, la conflictividad social o, en el peor de los casos, en facilitar una consulta comunitaria en El Estor, pero sin la presencia de distintas comunidades y liderazgos locales que se oponen a las mismas, pero al final terminan abonando mayor conflictividad, propiciando mayor deterioro en los espacios locales, así como se busca por medio de recursos legales torcidos y espurios encarcelar a los líderes de dichas comunidades o bien a periodistas críticos de la presencia de dichas empresas en su localidad.
El caso de Nahualá representa el ejemplo más bochornoso. El mismo ha sido la mayor vergüenza para este régimen sinvergüenza –valga el juego de palabras-, en donde lo que se notó es que efectivamente la Policía Nacional Civil, perdió el rumbo desde la desastrosa gestión de Enrique Degenhart, pues al final se convirtió en una arena movediza en donde conviven la corrupción, las prácticas mafiosas y se convirtieron en instrumentos de la impunidad.
La capacidad de introducir prácticas de inteligencia civil, capacidades tácticas de movilización en conflictos sociales internos y la incapacidad para reconocer a la PNC como una fuerza interna, pero que actúa en el marco de la democracia y bajo el entendimiento de los derechos humanos, se perdió plenamente, con lo cual el quiebre en la mejora cuantitativa y, principalmente, cualitativa de los elementos policiales se abandonó y en el caso de Nahualá terminaron los pobres elementos policiales como carne de cañón.
La adecuación de las guías curriculares que se desarrollaron después de la firma de la paz, en donde apoyaron las fuerzas policiales españolas y chilenas para preparar fuerzas policiales de excelencia académica, con vocación democrática, con capacidades técnicas, con especialidades en inteligencia, criminalística y movimientos tácticos para atenuar cualquier conflicto social, se perdió con distintos ministros y presidentes irresponsables, que deterioraron la institucionalidad policial y hoy se hace evidente y además patético.
En el caso del Ejército, la situación parece ser peor. La institucionalidad se perdió también para convertirla en ejes de intereses vinculados a la corrupción, con lo cual la institución ha venido sufriendo un desgaste continuo, con oficialidad –con sus honrosas excepciones-, que se ha hecho parte de los eslabones de la corrupción, la impunidad y, hoy mayormente, de la capacidad de maniobra del narcotráfico.
Ambas entidades se deterioran completamente, la irresponsabilidad de gobernantes y funcionarios ha provocado mayor depauperación e ilegitimidad de las mismas, con lo cual la ciudadanía puede estar segura que dichas entidades hoy nos quedan a deber mucho y producen desconcierto y desconfianza encontrarse ante un retén de cualquiera de las mismas pues uno ya empieza a pensar que va a ser sujeto de cualquier acción ilegal y puede incluso parar en la cárcel.
Lo que pasó en Nahualá era para la renuncia inmediata no sólo de ministros responsables, sino del propio gobernante, pero eso pasa en países decentes, en el nuestro, es únicamente motivo para cerrar filas y seguir adelante en la juerga de la corrupción y la impunidad. ¿Hasta cuándo podremos aguantar esto amigos y amigas?
