Juan José Narciso Chúa
Uno de los bastiones de la democracia ha sido el conjunto de derechos civiles que se han enraizado en la sociedad desde su inicio (1986) y que se han convertido en auténticos instrumentos para ejercer la participación ciudadana -el derecho de organización, el derecho de movilización, el derecho de manifestación-, así como constituye una genuina forma de criticar a los gobiernos por parte de la prensa independiente -principalmente de medios escritos, televisivos y radiales- y, hoy con más razón, con la irrupción de nuevos medios digitales.
Este último ejercicio de libertades ciudadanas se llama Libertad de Expresión que implica la apertura a la manifestación, crítica o investigación sobre cualquier actividad de los gobiernos en general. Ese derecho ha venido siendo conculcado por diversas formas, tal como lo señaló con detalle Francisco Pérez de Antón en su columna del domingo último en El Periódico, para lo cual indicaba “Don Paco”, cómo tanto los expresidentes Álvaro Arzú (+) como Jorge Serrano presionaron a empresarios y empresas para que evitaran la pauta en la anterior revista Crónica y así ahogar financieramente a dicho medio.
La situación en la actualidad no ha cambiado. El retiro de todo medio de publicidad por parte de grandes empresas ha llegado a medios como El Periódico y Prensa Libre, principalmente aquella publicidad vinculada a las telefónicas y otras grandes empresas familiares del país, justamente quitando pauta para reducir sus ingresos y poco a poco ahogarlos nuevamente. En el caso de La Hora -diario vespertino que me ha permitido ser su columnista desde hace muchos años ya-, el propio Congreso de la República buscó la forma de quitarle la impresión de edictos, uno de los periódicos especializados en los mismos, pero no lo consiguió.
Sin embargo, aquellos programas o revistas vinculados a Ángel González, se han mantenido y se han ampliado, pues los mismos juegan y difunden a favor de los gobiernos, así como se sostienen a través de la nota roja e igualmente programas de televisión críticos al final los “apaciguaron”, pasando a manos de viejos conocidos conservadores.
En la actualidad, con esa tendencia a recrearse gobiernos con expresiones fascistoides y haciendo uso del alineamiento todas las instituciones de justicia -MP, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad-, se han dado a la tarea de “inventar” casos penales para directores o periodistas críticos como son los casos de José Zamora y Juan Luis Font, rebuscando expedientes que permitieran abrir un caso penal e iniciar el mismo para intentar llevarlos a los tribunales de justicia e incluso a la cárcel.
Si los lectores se dan cuenta, estas acciones son parecidas completamente a lo que hizo el dictador Daniel Ortega en Nicaragua, quien se reeligió otra vez por medio de “elecciones” completamente arregladas, de movilizaciones de personas obligadas a votar y así justificar haber ganado. Pero a lo que voy en términos de parecido a lo nuestro es el hecho de que Ortega metió a la cárcel o los dejó con arresto domiciliario a todas aquellas personas que podrían haber sido sus candidatos de oposición y que pudieron evitar su reelección.
Ante ello, todos quienes ejercemos el libre derecho de opinión desde nuestras columnas, desde las cuales hacemos ver nuestras críticas a la situación política, económica y social del país, expresamos claramente que NO NOS CALLARÁN, no dejaremos de plantear nuestros puntos de vista alternativos, no dejaremos de expresar nuestro rechazo un sistema político que nos tiene aherrojados y que peligrosamente camina hacia una senda dictatorial.
No nos callarán y, recordando el estribillo de aquellas vieja canción de Joan Baez: No, no, no nos moverán.
