Como cosa rara, en los últimos días hemos visto múltiples buenas noticias en el sector justicia: el cese de la criminalización contra líderes indígenas por su defensa de la democracia en 2023, el allanamiento en la Usac, la destitución de Leonor Morales (una de las fiscales que lideró el intento de golpe en 2023), y la persecución a personas vinculadas con “Miguelito”, entre otras.
Es causa de celebración ver un MP que, después de 8 años, finalmente está abandonando su práctica de garantizar impunidad y de usar sus extensas facultades para perseguir enemigos políticos. Ver que los personajes nefastos más visibles de la institución se estén yendo poco a poco, y que los jueces más corruptos estén bajando su perfil (a sabiendas que ya no cuentan con la protección de antes) es sumamente gratificante.
Admito que hasta me ha sorprendido la proactividad del MP. Después de tres años de un enfoque conciliatorio y estilo “ajedrez” por parte del Ejecutivo, no esperaba que el nuevo Fiscal General fuera a tomar acciones tan directas en tan poco tiempo.
Creo que hay dos puntos importantes qué destacar de estos primeros meses del nuevo MP. El primero es la importancia de la figura del Fiscal General: por años, había quienes desestimaban las críticas a Consuelo Porras aduciendo que ella era “solo una funcionaria” que no podía ser responsable de todo lo que se le acusaba.
El que en tan poco tiempo se hayan activado persecuciones penales ante los notorios crímenes de Miguelito y la Usac, y que, por otro lado, haya cesado abruptamente la criminalización y la filtración de información a los netcenters, demuestra que, en efecto, todo esto ocurría bajo la instrucción o con la aquiescencia de Consuelo Porras. Las demandas ciudadanas de su remoción nunca fueron irracionales, y su permanencia en el cargo nunca fue compatible con el Estado de Derecho.
El segundo punto es que considero que hay que guardar cierto escepticismo. Las acciones de hoy son positivas, y las celebramos como tal, pero debemos recordar que son, literalmente, lo mínimo que se le puede exigir a un sistema de justicia: perseguir a los criminales y no a los inocentes.
Que los principales artífices (a lo interno del MP) del intento de golpe de Estado ya no estén en sus puestos es positivo, pero recordemos que el MP es una institución enorme, y no fueron solo tres o cuatro personas quienes causaron tanto daño, fueron decenas de fiscales, auxiliares, investigadores, policías y demás quienes, por malicia, ignorancia o cobardía, se prestaron a perseguir a periodistas, estudiantes y defensores de derechos humanos, proteger corruptos, archivar investigaciones y, en general, impedir la justicia. Muchos de ellos siguen en sus puestos. Además, no es suficiente con que Porras, Curruchiche, Pineda, Morales, Monterroso y compañía estén fuera del MP; deben estar tras las rejas.
Claramente, todo esto no depende solo del Fiscal General, sino que depende, en igual o mayor medida, del poder judicial. El juez Moto, quien resolvió dar por terminada la persecución contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, no es un juez particularmente “ejemplar”; lleva años involucrado en múltiples casos de corrupción, acusado de recibir sobornos, obstruir procesos judiciales, y proteger corruptos. Sus resoluciones recientes no responden a un repentino cambio de conciencia, simplemente está “portándose mejor” porque los vientos cambiaron, y ya no tiene que congraciarse con Consuelo Porras y sus adláteres.
Pero sigue siendo el mismo de siempre, un juez que, en cualquier país serio, ya hubiera sido destituido por la Corte Suprema de Justicia. Pero esta es la misma CSJ que mantiene en sus puestos a Orellana, Bremer, Cruz, Mayén y demás; la misma CSJ que se mantiene callada ante la venta de plazas, y que rechaza antejuicios en 5 minutos.
Es muy probable que estos seres viles y corruptos dejen de aparecer en los medios con tanta frecuencia como antes, dejen de emitir resoluciones tan polémicas, dejen de actuar con la soberbia y arrogancia que la impunidad garantiza. Es posible que, igual que Moto, de vez en cuando emitan una que otra resolución sorpresivamente “justa”. Pero no debemos olvidar quienes son realmente, no debemos olvidar que siguen ahí y el daño que hicieron a nuestro país.
Hoy Guatemala está más cerca de alcanzar el “Estado de Derecho” que ayer, pero nos falta mucho, muchísimo. Y no lo vamos a conseguir con la conformidad y el olvido. Como buen ejercicio democrático, debemos exigir más, todo el tiempo. Debemos exigir justicia, rendición de cuentas y que todos los que no sean idóneos para sus cargos sean removidos. Es lo mínimo que le debemos a todos los que perdieron su patria, su libertad o hasta su vida por un mejor país.
