Gladys Monterroso

licgla@yahoo.es

Abogada y Notaria, Magister en Ciencias Económicas, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Diploma otorgado por la Corte de Constitucionalidad en 2005, como una de las Ocho Abogadas Distinguidas en Guatemala, única vez que se dio ese reconocimiento, conferencista invitada en varias universidades de Estados Unidos. Publicación de 8 ediciones del libro Fundamentos Financieros, y 7 del libro Fundamentos Tributarios. Catedrática durante tres años en la Maestría de Derecho Tributario y Asesora de Tesis en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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“Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso.” Solón

Como todos los guatemaltecos, recibí con sorpresa y preocupación, la noticia de que el Organismo Judicial se recetó un aumento de salarios, que raya en lo inaudito, debido a lo elevado del mismo y a que las autoridades del OJ se encuentran en funciones, porque recordemos que el Congreso de la República, aplicando una de sus triquiñuelas, no ha cumplido con el mandato constitucional de nombrar a las autoridades judiciales, y que, debido a este incumplimiento del mandato, tanto los Magistrados de la CSJ como de Salas de Apelaciones son actualmente funcionarios de facto.

Aunque si bien es cierto, que el Congreso es el órgano responsable por no haber elegido a los funcionarios judiciales, y que ellos se han visto en la tesitura de continuar ejerciendo esas labores, contraviniendo la misma Constitución a la que juraron respetar, o incumplirla abandonando las actividades para las que fueron juramentados, lo que sería un mal mayor, y que eligieron el mal menor, lo cierto es que es un mal que se vea por donde se vea, en ese orden de ideas, sin encontrarse legitimados para impartir justicia, deciden el desacierto por llamarlo de alguna forma, de recetarse un aumento desmesurado del salario, que se pagará con los impuestos de todos los guatemaltecos, en un país que ve como aumenta diariamente el valor de la canasta básica, que se encuentra empezando a salir de una pandemia, la humanidad necesita solidaridad, además de que acceder a la justicia en este país, es peor que mendigar, porque no encuentra respuesta alguna.

Aunque los abogados sabemos, que la mayor parte de las noticias que circulan, y en las que se mencionan a los jueces y su forma de impartir justicia, si así se le puede llamar, corresponde al sistema penal, que raras veces es noticia lo que sucede en el ámbito laboral, civil y administrativo, menos mercantil, la realidad es que todo el sistema está en deuda para con la sociedad guatemalteca, porque si algo es una falacia en nuestro cada día más débil sistema, es que la justicia sea pronta y cumplida, nada más alejado de la realidad, en Guatemala, la justicia no es pronta, menos cumplida, a la vez, los que son encargados de aplicar la justicia, la deniegan.

Que no todo el sistema es ineficiente es cierto, y que tanto dentro del gremio de los jueces como de los magistrados hay funcionarios que son respetables y justos, también es cierto, como también es cierto que un altísimo porcentaje no lo son, y que metafóricamente hablando, la canasta tiene más manzanas podridas que sanas, situación que influyen en que se visualice al Sistema de Justicia como una gran tortuga, que no avanza porque no le interesa avanzar, siendo la Justica el valor máximo al que aspiramos todos los seres humanos, es frustrante que no tengamos respuestas a nuestras necesidades, porque señores, veamos, una audiencia en los juzgados de familia, se programa para por lo menos ocho meses después que fue admitida la demanda, si a eso aunamos que las demandas son rechazadas hasta por una coma, ¿Cómo se puede sentir una mujer que tiene que velar por sus hijos ante un sistema que no le da respuesta? Frustración es poco.

La mayoría de la población ve al sistema de justicia como algo inalcanzable, si yo fuera parte de ese sistema a lo interno, ya que lo soy a lo externo, porque soy abogada independiente, me daría bastante pena, siendo un valor fundamental, se encuentra tan alejada de la realidad del que necesita de ella, si a ello sumamos la percepción general de que, los togados son fácilmente corruptibles, el panorama es alarmante, lo peor viene con la noticia de un aumento desmesurado a sus salarios, además de desmesurado, injustificable, porque Juan Pueblo recibe un salario mínimo, que no es mínimo, es exiguo, el aumento mencionado es un insulto a la necesidad popular.

Veamos, si el salario mínimo de la población aumenta aproximadamente un 4.7% para los que tienen derecho a ese aumento, si a ello restamos los que no tenemos ningún derecho que somos los más, es más que un insulto que ganando lo mínimo que se pueda, con nuestros impuestos les paguemos un superaumento del 70% a los funcionarios judiciales, esto constituye más que un insulto.

No se entiende que cada día la SAT endurezca su quehacer coactivamente, para que nuestro dinero ganado dignamente se convierta en impuestos restrictivos de nuestros derechos, por parte de la institución con criterios claramente inconstitucionales, para que ese dinero se vaya a pagar un descomunal aumento salarial a un minúsculo grupo de la población.

La desigualdad de una sociedad, históricamente ha abierto la puerta a varias revoluciones.

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