Gladys Monterroso

licgla@yahoo.es

Abogada y Notaria, Magister en Ciencias Económicas, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Diploma otorgado por la Corte de Constitucionalidad en 2005, como una de las Ocho Abogadas Distinguidas en Guatemala, única vez que se dio ese reconocimiento, conferencista invitada en varias universidades de Estados Unidos. Publicación de 8 ediciones del libro Fundamentos Financieros, y 7 del libro Fundamentos Tributarios. Catedrática durante tres años en la Maestría de Derecho Tributario y Asesora de Tesis en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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Gladys Monterroso
licgla@yahoo.es

“Si usted ve el fraude y no dices fraude, usted es un fraude”. Nassim Taleb

Los ciudadanos del país esperan respuesta de sus autoridades en relación a los diferentes problemas que les aquejan, y que es función de los diferentes agentes resolver, vamos que no piden que les den de comer, pero sí que se establezcan mecanismos para que no exista abuso en relación a los precios de los productos de la canasta básica, tampoco el ciudadano espera  que le vayan a dejar y traer de su casa, trabajo o centro de estudios, pero sí poder realizar todas sus actividades sabiendo que no va a ser atacado, robado o asesinado por cualquier delincuente, porque existe una autoridad que protege sus derechos fundamentales, como la vida y la integridad física. Cuando la vida, el patrimonio o la subsistencia de las personas, se encuentran a la deriva ante la existencia de un Estado que no responde a las necesidades fundamentales de la sociedad, estamos ante un silencio institucional doloso.

La misma sensación transmiten tanto el Ministerio Público, como la Superintendencia de Administración Tributaria, la Diaco y las empresas de Courier, ante los muchos casos que diariamente se están viviendo y denunciando, en los que personas no identificadas para el ciudadano común, de alguna manera tienen información de cientos, si no miles de ciudadanos aún no se sabe cómo, pero la están utilizando, para atentar contra su patrimonio, derivado de las incontables estafas, producto precisamente, de la mala utilización de la información que, repito, no se sabe cómo han obtenido, simulando que los ciudadanos tienen que pagar determinada cantidad de dinero (bastante), que ingresan a cuentas personales cuyos propietarios que se sepa, no se han logrado identificar.

A raíz del artículo publicado la semana pasada, muchas personas me escribieron y llamaron para comentarme que habían sido víctimas de este tipo de estafas, que han perdido su dinero los más, que han contado con apoyo de terceros los menos, y que han interpuesto sendas denuncias en el MP, los menos aún.

¿Qué sucede? Que el MP es una institución inoperante para los mal llamados delitos bagatela, que para el Estado no tienen importancia, porque el bien jurídico tutelado contra el que atentan no es de gran impacto social, aunque para el común de los mortales son de gran trascendencia, porque de un momento al otro han perdido parte de su patrimonio, o en algunos casos se han endeudado para evitarse problemas con el ente coercitivo por naturaleza como lo es la SAT, para después darse cuenta de que les han robado, nadie se hace responsable del dinero que ya no está en sus cuentas, quedándoles la duda de si la SAT tiene responsabilidad o no, porque no encuentran respuesta a sus problemas, tanto la SAT como las empresas de Courier deben explicar lo que está sucediendo, los afectados se sienten huérfanos porque las instituciones, miran hacia otro lado, y hacen caso omiso de que, en sus narices se están cometiendo delitos en su nombre, y la duda aumenta.

Es muy singular, por escribirlo de alguna forma, que ante la oleada de estafas en nombre de la SAT, con nombres y apellidos de funcionarios, ni la institución, ni las empresas Courier que son terceras en este tema, se pronuncien de alguna forma para alertar a la ciudadanía en general, en el menor de los casos, sobre lo que está sucediendo, porque perjudica a una gran cantidad de ciudadanos, y porque no decirlo, el nombre de las diferentes instituciones que deberían velar por el patrimonio de las personas,  recalco nuevamente, el MP, la Diaco, y otras instituciones, guardan silencio, oigan que el Estado se encuentra instituido para procurar el bien común, dentro de la gran gama que constituye el mismo, entre la que se encuentra la tranquilidad de las personas, el Estado no es solamente el ejecutivo, o el legislativo, el Estado es el conjunto de instituciones que se constituyen para satisfacer las necesidades básicas de las personas, que pagan sus impuestos (Los que sí llegan a la SAT) para que los mismos regresen por medio de los gastos públicos, entre los que se encuentran la justicia y la seguridad en todos sus aspectos.

Se hace necesario de forma urgente que tanto el MP como la SAT y la Diaco, realicen investigaciones de oficio, o debemos entender que lo harán cuando suceda algo peor.

El silencio es en algunos casos, más sonoro que el eco de la montaña.

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