Gladys Monterroso
“¡Oh miseria humana, a cuántas cosas te sometes por el dinero!” Leonardo Da Vinci
La libertad de industria comercio y trabajo se encuentra garantizada en la Constitución Política de la República, pero, los derechos a la vida, la salud y la dignidad que son superiores, se encuentran no solamente garantizados, además tutelados por sobre los demás, no exclusivamente en la Carta Magna, también en Tratados y Convenios Internaciones, de los que Guatemala es parte, y aunque no lo fuera, el artículo 44 establece que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana, estableciendo lo que los constitucionalistas reconocen como una supe legalidad constitucional desarrollada durante la estructura constitucional con categórica fidelidad.
Derivado de lo anterior, es una obligación del Estado, garantizar a todos los ciudadanos sin distinción alguna, ese macro de derechos totalmente superlativo, que tiene su base fundamental en lo que en Guatemala no debería ser una utopía, pero desafortunadamente lo es, y más aún cuando observamos que no solamente se trata del hospital de Quetzaltenango, el 99% de los hospitales privados, con médicos incluidos se están haciendo de oro, a base del sufrimiento de una cantidad incalculable de familias guatemaltecas, que se han deshecho de cualquier tipo de bienes con el objetivo de salvar la vida de un ser querido, pero el problema no termina ahí, algunos superan la enfermedad, pero quedan con secuelas que los caritativos hospitales, por cientos de miles o millones de quetzales extienden tratamientos por la mayor cantidad de tiempo posible.
En esta vorágine que estamos viviendo desde marzo del 2020, no solamente somos más pobres económicamente, lo somos también emocional y anímicamente, como consecuencia de las actitudes de auténticos menesterosos emocionales y en otros sentidos, calificados de seudo personas que, han encontrado en el dolor ajeno una nueva forma de enriquecerse, ¿Es discutible? Naturalmente que sí, recordemos que no existen derechos absolutos.
En este contexto, como ciudadanos nos preguntamos ¿Qué están haciendo la PDH, el Gobierno de la República, el Ministerio de Salud, la DIACO, la PGN, y otras instituciones más para proteger a los ciudadanos en general, de estos inescrupulosos comerciantes? Estos, que ven a las personas como productos de enriquecimiento a todas luces ilícito, que deberían ser cuidadosamente investigados por el MP, la DIACO y el Ministerio de Economía, lo peor de esta situación estriba en que no solamente se trata de hospitales privados, dentro de los que se encuentran algunos, si no todos los de “renombre” también dentro de esta jauría, porque no tengo otra forma de llamarles, se encuentran médicos privados que han visto en la enfermedad, no una forma de combatirla, no señores, es una forma de enriquecerse.
La salud durante muchos años en esta devaluada sociedad se ha convertido en una moneda de cambio ¿De dónde surge el problema? Del mal hacer de los gobierno desde antes de 1944 y después de 1954, hoy más que nunca, el gobierno en general es un ente incapaz de proporcionar a los ciudadanos políticas públicas, que efectivamente garanticen salud digna para la ciudadanía en general, no cabe duda que toda la estructura estatal se encuentra organizada, y muy bien por cierto, para mantener los privilegios a unos pocos, en detrimento de los demás, y esto implica especialmente la salud, la educación y la justicia, al ser la salud inequitativa porque se privatizo indirectamente, al obligar a los ciudadanos a recurrir a los hospitales privados, ante la falta de respuesta de los hospitales públicos, producto de dos elementos dentro de muchos a mi entender: 1) Favorecer a los hospitales privados, para generarles más que sustanciales ganancias, y 2) El altísimo y nauseabundo grado de corrupción que se maneja en los hospitales públicos.
No cabe duda, de que no podemos avanzar dentro del averno al que nos han condenado a vivir, muy similar a las monarquías antiguas, con la diferencia que estamos iniciando el tercer decenio del siglo XXI.
Las sociedades condenadas a cadena perpetua son aquellas en las que un grupúsculo sin principios domina los destinos del pueblo llano, que no dejará de serlo, y que vivirá condenado hasta que efectivamente se libere de sus cadenas.
