“Hacemos un llamado a las empresas para que traduzcan las políticas que han desarrollado en los últimos años en acciones concretas, mostrando resultados con indicadores tangibles. También instamos a las asociaciones empresariales y a todas las empresas a que participen de forma responsable y transparente en cuestiones normativas y regulatorias, y a que dejen de usar procedimientos judiciales para silenciar la defensa de los derechos humanos.”
Expertas de Derechos Humanos de Naciones Unidas que visitaron Guatemala del 18 al 28 de agosto 2026.
Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakuleviciené, expertas del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos, empresas transnacionales y comerciales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), concluyeron su visita a Guatemala solicitando al Gobierno adoptar medidas urgentes y concretas para reforzar la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los Derechos Humanos, abordar retos estructurales históricos, garantizar la rendición de cuentas por violaciones y abusos de estos derechos, relacionados con la actividad empresarial.
Como problemas estructurales señalaron, “profundas desigualdades, racismo estructural y discriminación, que afectan especialmente a los Pueblos Indígenas, alta concentración de recursos, incluida la tierra, y una influencia indebida de las empresas en cuestiones políticas, normativas y judiciales.”
Con una visión crítica e integral de Derechos Humanos DD. HH., las expertas identificaron abusos reiterados de estos derechos relacionados con las empresas tales como, “derechos a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; al agua, a la salud, a la alimentación, a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.” Además, “derechos a usar recursos naturales, acceso a la energía, la tierra y derechos culturales”.
Resaltaron la necesidad de, “contar con salvaguardas más sólidas, acceso efectivo a mecanismos de reparación, participación significativa de las comunidades afectadas y respeto al derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)”.
En la parte de conclusiones, advierten que, “en la actualidad, los derechos humanos suelen tratarse como una cuestión que compete exclusivamente al Estado, sin que se reconozca suficientemente la responsabilidad independiente de las empresas de respetar esos derechos. Las brechas son especialmente evidentes en la gobernanza de la tierra y los recursos naturales, así como en la aplicación del CLPI, lo que genera inseguridad jurídica tanto para las empresas como para las personas titulares de derechos”.
Añaden con preocupación que las actividades extractivas representan un impacto negativo en los DD. HH. y afirman, “junto con una aplicación insuficiente de la ley, una capacidad institucional limitada y un acceso inadecuado a mecanismos de reparación, estas deficiencias obstaculizan la aplicación efectiva de los Principios Rectores y socavan la confianza pública en las instituciones estatales. La preocupación es especialmente grave en lo que respecta a los impactos negativos sobre los derechos humanos de las inversiones a gran escala en el sector extractivo”.
Ante los hechos recomiendan que, “el Estado debe reforzar sus capacidades técnicas y de supervisión, incluso en lo que se refiere a las normas ambientales y laborales. No deberían aprobarse licencias para actividades que puedan generar tales impactos a menos que las autoridades competentes tengan la capacidad de evaluar, supervisar y hacer cumplir los requisitos aplicables en materia de derechos humanos y medioambiente. La transparencia y el acceso a la información también constituyen retos fundamentales”.
En las visitas de campo, el Grupo de Trabajo identificó los riesgos que provocan la conflictividad social y al respecto subrayaron que, “observó cómo comunidades carecían de acceso a información relativa a las funciones del Estado y de las empresas, concesiones, renovaciones de licencias, monitoreo ambiental y evaluaciones de impacto, lo que contribuye a la desconfianza y al conflicto social.
Con relación a las elecciones generales que se realizarán en el 2027, exhortaron al Gobierno a, “que adopte medidas tangibles y cuantificables en los próximos meses, para crear un legado duradero de reformas en materia de empresas y derechos humanos, reforzar la protección de las comunidades afectadas y de las personas defensoras de los derechos humanos.”
Respecto a los Principios Rectores de las empresas y los Derechos Humanos de la ONU, explicaron que estos son norma universal de referencia para salvaguardar los DD. HH. en el contexto empresarial, que aclaran lo que se espera de los Gobiernos y empresas, para prevenir y abordar los impactos sobre los DD. HH. derivados de la actividad empresarial.
Este Grupo de Trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos CDH de la ONU en junio de 2011 según resolución 17/4. Sus miembros actuales son, Robert McCorquodale (presidente), Fernanda Hopenhaym (vicepresidenta), Damilola Olawuyi, Pichamon Yeophantong y Lyra Jakuleviciené. El Grupo forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del CDH, rinde cuentas ante el Consejo y la Asamblea General de la ONU. Los Procedimientos Especiales, son el mayor grupo de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU.
Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en DD. HH., designados por el CDH para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. No pertenecen al personal de la ONU, son independientes de cualquier Gobierno u organización. Desempeñan funciones a título individual y no reciben remuneración por su labor.
Para Guatemala es altamente importante y saludable abrir las puertas al escrutinio internacional, en especial para el tema de Derechos Humanos históricamente vulnerados. La apertura demostrada por el actual Gobierno debe imitarse y ser una política de Estado, sostenible a futuro a efecto de garantizar que expertos en DD. HH. de los sistemas regional y universal sean invitados para visitar el país.
