Homenaje y felicitaciones a diario La Hora. Tribuna no mostradora, por celebrar este mes 123 de fundación, extendidas a sus fundadores, a actuales directores, a mis colegas columnistas, reporteros, redactores, editores, fotógrafos, equipos técnicos y administrativos. Adelante en la noble tarea por la defensa de derechos y libertades de expresión, pensamiento, información, investigación y prensa.
El próximo domingo 25 de junio, se espera que la ciudadanía guatemalteca acuda a las urnas para ejercer su derecho humano de elegir y ser electos, un derecho que se cuestiona en el presente proceso de votaciones generales, pues mucha gente percibe que las actuaciones y decisiones arbitrarias, discrecionales y que algunos analistas califican hasta de ilegales de las actuales autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, contribuyen a enturbiar y debilitar ese proceso cívico político.
Guatemala, uno de los seis países centroamericanos aprobó en 1985 una nueva Constitución Política de la República que sigue vigente, creó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y para asegurar la alternabilidad en el ejercicio del Poder Público, cada cuatro años convoca a consultas generales para votar por nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo (presidente y vicepresidente), Legislativo (160 diputados del Congreso Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano) y 340 alcaldes y corporaciones municipales.
En 1986 se inició la llamada apertura democrática y terminaron los Gobiernos militares dictatoriales, autoritarios y violadores de derechos humanos. Ahora se decidirá quién será el presidente número diez de esa democracia que ahora parece fracturada y en regresión.
El TSE es la autoridad superior en materia electoral, garante de la transparencia y pureza del proceso de votación, después de 38 años es la primera vez que esa institución y los magistrados que lo integran, pierden la confianza de la ciudadanía por sus actuaciones y decisiones de conocimiento público, como la exclusión de candidaturas que resultaron incómodas a las élites y sus lacayunos y en contraste, la autorización de candidaturas con prohibición constitucional expresa, otras opacas, no idóneas con vínculos con el narco tráfico, el crimen organizado o señalados como actores corruptos y antidemocráticos.
En el actual contexto socio político guatemalteco y en términos de derechos humanos y libertades individuales vulnerados por el Estado guatemalteco, destaca la violación a las libertades de expresión, opinión, pensamiento y prensa. Lo más emblemático se expresa con ataques, amenazas, campañas de desprestigio, agresiones, criminalización y exilio de periodistas y comunicadores, se concreta con el cierre del diario elPeriódico, la criminalización y condena a seis años de privación de libertad de su presidente, periodista José Rubén Zamora Marroquín, la persecución a periodistas y columnistas de ese medio.
La censura autoritaria del presidente Alejandro Giammattei, al prohibir a una librería comercial que distribuya dos libros de los periodistas Marvin García y Sony Figueroa, que incomodan y molestan al mandatario porque denuncian actos de corrupción e impunidad cometidas por actores políticos gubernamentales, militares y empresarios, resultado de sus investigaciones periodísticas.
Persecución y criminalización contra operadores, administradores de justicia y defensores de derechos humanos y del territorio, son ejemplos que destacan en el contexto coyuntural. El debilitamiento del Estado de derecho, la deriva autoritaria y falta de independencia de los Poderes del Estado amenaza la independencia judicial y al sistema de justicia.
En Guatemala hay una regresión democrática y graves violaciones a derechos humanos. No es por gusto que está registrada en el capítulo IVB de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
