Guatemala, el país centroamericano considerado como uno de los más desiguales de América Latina, se mantiene bajo la observación internacional de organismos internacionales que promueven y protegen los derechos humanos, en este caso de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en mayo anterior visitó Guatemala el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien, por cierto, es un guatemalteco Maya Cakchiquel
Se trata de Francisco Cali Tzay, quien fue nombrado Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en marzo de 2020. Ha representado a los pueblos indígenas en la ONU desde principios del decenio de 1980, abordando las violaciones de los derechos humanos de estos pueblos en Guatemala y en todo el mundo.
En su reciente visita a Guatemala, el señor Calí se reunió en el departamento de Alta Verapaz con representantes de comunidades y organizaciones indígenas y campesinas, de quienes escuchó y atendió quejas, denuncias y demandas que le fueron planteadas, relacionadas con el despojo de tierras, los megaproyectos de monocultivos o de extracción minera que dañan y depredan el medio ambiente y los recursos naturales, así como, la persistencia del racismo, discriminación y desigualdad de los pueblos indígenas guatemaltecos.
Por otra parte, en relación con las votaciones generales convocadas para el próximo 25 de junio, reitero lo dicho en ocasiones anteriores en el sentido de que en Guatemala se llama a la ciudadanía cada cuatro años a ejercer el derecho de elegir y ser electos, pero en la realidad el ciudadano no elige, simplemente vota. Son las élites depredadoras, los políticos corruptos, fascistas y las autoridades usurpadoras quienes previamente eligen. El ciudadano al emitir su voto legitima el mal llamado proceso electoral y la imagen de una democracia de fachada.
En 1985, como consecuencia de la aprobación de una nueva Constitución Política de la República (CPRG), la Asamblea Nacional Constituyente de entonces, aprobó la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), Decreto 1-85, que crea el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según la LEPP, el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia electoral, establecida en el artículo 121, que dice: “Concepto. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley.”
Esta vez, las autoridades del TSE infringen la LEPP, la Constitución guatemalteca y los derechos humanos civiles y políticos de la ciudadanía. Los actos y decisiones arbitrarias y discrecionales de dichas autoridades despiertan inquietudes, siembran desconfianza y con razón, provocan dudas sobre la conducta ética, la independencia e imparcialidad del ente electoral y la dependencia a otros organismos del Estado.
Los ciudadanos no ignoran esas decisiones arbitrarias e ilegales que apadrinan los encargados de garantizar la pureza, transparencia, legalidad y legitimidad de las votaciones, hacen dudar de la honestidad y anuncian maniobras orientadas a cometer otra vez, un fraude para favorecer a candidatos de los grupos de poder y asegurar la continuidad de la corrupción e impunidad de sus actos.
Las autoridades del TSE perdieron la confianza de la ciudadanía. En Guatemala, no es la primera vez que se acude al fraude como táctica para imponer al binomio presidencial, a diputados y alcaldes afines a los intereses corruptos de la dictadura corporativa
