La inmadurez, subdesarrollo y codicia de la clase política guatemalteca se retrata en la contienda electoral en la que participan 30 partidos que se disputan mediante el sufragio popular los principales cargos públicos del Estado, o sea, binomio de presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y las 340 corporaciones municipales de todo el país.
La votación está prevista para el 25 de junio del año en curso. El padrón electoral se cerró el 26 de marzo y según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), asciende a nueve millones trescientos setenta y un mil quinientos tres (9.371,503) ciudadanas y ciudadanos inscritos, aunque al finalizar la fase de depuración prevista para el 20 de abril, es previsible que disminuya.
De conformidad con el Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, hasta el momento se confirma la participación de 23 binomios inscritos. Por otra parte, hay dos binomios excluidos por presuntas irregularidades y con recursos judiciales pendientes de resolver, los que, de ser declarados con lugar, podría aumentar el número de candidatos presidenciales.
Información del TSE indica que 32,871 candidatos presentaron papelería, pero solo fueron inscritos 29,099, es decir, se rechazaron 3,772 por no completar la documentación que según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es necesaria para ser postulados.
Mientras tanto, dirigentes, militantes y simpatizantes de los 30 partidos políticos iniciaron su actividad proselitista y de propaganda que, en algunos, es notorio el sentido clientelar y la ausencia de propuestas orientadas a atender y resolver los problemas estructurales de Nación que persisten.
Se repite lo de siempre en este tipo de eventos, se carece de creatividad y, por tanto, la dinámica política no es progresiva, por el contrario, queda la sensación que son actos regresivos, algo así como volver al pasado. Lo demuestra la misma algarabía de la retórica político electorera, la poca seriedad de propuestas de la clase política, el derroche millonario de propaganda audiovisual que lejos de atraer la atención y simpatía de la ciudadanía, se convierte en un síntoma de contaminación, de falta de empatía que no invita a la adhesión, menos a la participación. Otra vez, lo mismo, cancioncitas, regalos, pirotecnia, grupos musicales, coreografías, confeti, gorritas, desfiles, caravanas y fotos de candidatos besando niñas y abrazando ancianos.
Sin faltar el ingrediente de violencia que, expresa un alto nivel de intolerancia de parte de quienes la utilizan para amedrentar, acosar, amenazar a los rivales e impedir el desarrollo, organización y realización de actividades político partidarias.
Ya se divulgaron imágenes del conductor de un vehículo que, de forma deliberada, destruyó sillas plásticas y toldos que estaban colocados para iniciar un mitin de un partido político. En varias zonas de la ciudad de Guatemala, se derriba la publicidad de los candidatos de distintas organizaciones partidarias y las redes sociales son espacios para lanzar campañas anónimas de difamación, desprestigio y calumnia contra algunas personas que aspiran a cargos de votación popular.
El TSE ha hecho llamados para que la presente campaña electoral sea respetuosa de las leyes y se realice en paz, sin embargo, es la misma clase política la que viola la LEPP al hacer campaña anticipada, al usar los postes públicos para colocar propaganda política, al utilizar recursos y fondos del Estado para actividades proselitistas, como lo demuestran las realizadas por el partido oficial.
Lo deseable es que la clase política guatemalteca supere sus ansias de corrupción, salga del subdesarrollo político y haga propuestas serias para avanzar en el progreso y desarrollo del país.
