Factor Méndez Doninelli
Para la mayoría de guatemaltecos históricamente marginados y excluidos que carecen de condiciones económicas dignas, el 2022 cierra como ha ocurrido antes de forma reiterada, con signos negativos, sobre todo cuando se habla de las condiciones sociales, económicas y culturales de quienes no tienen oportunidades para su desarrollo humano.
En el Gobierno actual que preside Alejandro Giammattei, las élites depredadoras, sus siervos y testaferros confabulados con redes de crimen organizado, de corrupción e impunidad, mantienen capturado al Estado para saquear los fondos públicos, satisfacer intereses personales y de grupos, facilitar negocios ilícitos y entregar el territorio nacional a intereses capitalistas extranjeros. A las elites interesa mantener el estado de injusticia, desigualdad, racismo y discriminación existentes. Se oponen a un cambio que mejore las condiciones de vida de millones de habitantes.
Variables que explican el resultado negativo al que hago referencia: Pospandemia. La covid19 continúa golpeando a la humanidad, aunque con menor intensidad, Guatemala no es excepción y culmina el 2022 con un repunte de contagios de distintas variantes que también suman más fallecidos. Alto costo de vida, precios de los productos de consumo diario se dispararon. El costo de la Canasta Básica Alimenticia supera al valor del salario mínimo. Los salarios siguen estancados sin esperanzas de que se apruebe un incremento. Aumento de la pobreza. Mayor desempleo, deserción escolar, desnutrición crónica infantil y emigración masiva.
Pérdida independencia de Poderes. El sistema republicano y democrático que se pregona en la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), establece la separación de Poderes, es decir, no debe existir subordinación entre estos. En Guatemala esta independencia se perdió, los tres Poderes están confabulados para favorecer a redes de corrupción e impunidad, para aprobar leyes regresivas que violan derechos humanos (DD. HH.), para manosear la justicia y criminalizar a quienes luchan contra la corrupción e impunidad. Guatemala tiene una Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto, los magistrados han sobrepasado en más de tres años el período que señala la CPRG porque los diputados, se niegan a elegir nuevos magistrados.
Desalojos violentos y represión contra pueblos indígenas. Durante la administración del Gobierno Giammattei, ha recrudecido la represión contra comunidades indígenas para desarticular las históricas luchas de resistencia de los pueblos originarios en defensa del territorio, la vida, los recursos naturales. Así lo demuestran los hechos ocurridos en el municipio del Estor, departamento de Izabal desde 2020 hasta la fecha, región donde ocurren sistemáticamente ataques de las fuerzas de seguridad del Estado (policías y ejército) contra la población en resistencia a las operaciones extractivas de la mina Fénix, responsable de contaminar el lago de Izabal y depredar el territorio. El abuso de autoridad, el uso excesivo de fuerza, utilizados en la comunidad Chapín Abajo y otras del mismo Estor, son signos del autoritarismo que caracteriza a esta administración.
Ataques a la libertad de expresión. El informe anual de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), máxima entidad de prensa, sobre la situación de la libertad de expresión, señala que por la intolerancia y autoritarismo el actual Gobierno acumula durante el tiempo que lleva su administración, más de trescientos ataques para impedir, restringir o coartar el libre ejercicio de esta libertad ciudadana.
Democracia en crisis. Las condiciones mencionadas aluden a los signos negativos que cierran otro año y que alejan el anhelo de consolidar un sistema democrático participativo e incluyente. Por ahora, se debilita la incipiente democracia y se inicia el 2023 con el circo político partidario por la carrera electoral.
