Factor Méndez Doninelli
Hablar de resistencia no violenta, es referirse a una garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos; la resistencia es un deber cuando los derechos, libertades y garantías están amenazadas como ocurre actualmente en Guatemala, en este caso, todas las acciones de resistencia son absolutamente pertinentes, legítimas y también legales.
El párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución Política de la República (CPRG) textualmente establece: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.”
¿Cuáles son tales derechos y garantías? Son todo el conjunto de derechos individuales y sociales garantizados en el Título II y los Capítulos del I al IV de la citada Constitución. Además, se agregan los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de estos derechos, aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala.
La resistencia no violenta, es una opción de lucha digna para encontrar solución a determinados problemas y cuando se reclaman hechos, actos, conductas o políticas públicas injustas o desiguales; sirve para buscar soluciones, provocar cambios sin violencia, sin dañar o lesionar a terceros o a los bienes públicos o privados.
En Guatemala, esta forma de lucha no es inédita, tampoco novedosa la población en general y las comunidades en particular, la utilizan para oponerse a los mega proyectos extractivos de minería, de hidroeléctricas y de monocultivos agrícolas. También lo emplean las comunidades rurales para oponerse al despojo de los territorios, para defender los ríos, los bosques, el agua y la vida.
En la historia reciente del país, sobresalen el ejemplo de las Comunidades de Población en Resistencia CPR, integradas por poblaciones indígenas que, debido a la represión del ejército durante el Conflicto Armado Interno, fueron desplazadas de sus comunidades de origen y obligadas a buscar refugio en las montañas de las regiones afectadas.
En época más reciente, destacan las luchas de resistencia no violenta de la Puya, la de Cahabón en Alta Verapaz, la del Estor en Izabal o la de Asunción Mita en Jutiapa. Y no puede dejar de mencionarse la digna resistencia del frente de lucha estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que se opone al descarado fraude que impuso al Rector de esa casa de estudios superiores.
La historia de la humanidad está repleta de actos épicos en los que, distintas sociedades han empleado la resistencia no violenta como una táctica poderosa de lucha, capaz de lograr cambios sustanciales y profundos. Ahora en Guatemala, las condiciones creadas por la desfachatez y la sinvergüenzada de gobernantes, de las élites depredadoras y de la clase política corrupta, han provocado una situación que perturba y rebasa la paciencia, prudencia y tolerancia de la gente.
La situación crítica del país y de la población guatemalteca, hace inevitable la necesidad de fortalecer la resistencia no violenta en todos los frentes, persistir en esa lucha hasta lograr los cambios necesarios e iniciar un proceso que altere la situación de desigualdad social y logre el bienestar común.
La resistencia no violenta debe ser la insignia principal de la unidad, obligación y deber ciudadano para vencer a las mafias corruptas y criminales que, por ahora controlan el Poder Político en beneficio de intereses particulares y de grupo. Hace falta un movimiento cívico ciudadano que se dirija en esa dirección.
