Factor Méndez

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Defensor Derechos Humanos. Catedrático. Periodista/Escritor. Estudió Derecho, Derechos Humanos y Trabajo Social en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Catedrático San Carlos y Rafael Landívar. Fundador Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos CIEPRODH. Autor de ensayos y artículos sobre temas sociales, políticos, memoria histórica y Derechos Humanos.

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Factor Méndez Doninelli

“En este momento el mayor problema es la desesperanza del equipo que está trabajando en el hospital, por la cantidad desmesurada de pacientes.”
Doctor Gerardo Hernández, Director del Hospital General San Juan de Dios.
Guatemala, 24 agosto 2021.

La pandemia que castiga a la humanidad en el mundo entero, se ha salido de control en Guatemala, así lo reconocen las autoridades del Ministerio de Salud en momentos en que hay un aumento de casos de Covid-19 después que se detectara la existencia de las variantes Delta, Alfa Y Beta. El 13 de marzo de 2020 fue la primera vez que en el país se decretó la emergencia sanitaria, desde entonces han transcurrido diecisiete meses tiempo suficiente para que el Gobierno hiciera los planes para combatir con eficacia y eficiencia esta mortal enfermedad, pero no lo hizo, tampoco se ocupó de fortalecer el ya débil sistema de salud nacional.

Hoy todos los hospitales públicos a nivel nacional están rebasados en su capacidad ocupados por pacientes infectados con Covid-19, las unidades de cuidados intensivos están saturadas hasta el tope, funcionan con escaso personal profesional y técnico, con falta de equipo e insuficientes medicamentos, insumos, camas, camillas, oxígeno o aparatos para entubar pacientes. En esas condiciones la población guatemalteca está pagando las consecuencias del mal Gobierno y de los actos de corrupción y opacidad que lo rodean.

En este país de Centro América es frecuente escuchar las reiteradas quejas de profesionales de la salud que atienden en estos hospitales, emiten declaraciones, publican comunicados, convocan a conferencias de prensa, envían cartas a la Ministra de Salud, Amelia Flores, denuncian la difícil situación que se padece en el sistema de salud, suplican a la población para que no lleve pacientes a los hospitales por falta de espacio y hacen desesperados llamados de atención al Presidente Alejandro Giammattei para que asuman su responsabilidad ante la emergencia sanitaria que por ahora se agrava, que sigue cobrando vidas de mujeres y hombres de todos los grupos etarios y étnicos sin distinción. Pero hasta hoy, su protesta parece no tener eco con los gobernantes que en repetidas ocasiones han mostrado poco interés de trabajar por el bien común. Después de diecisiete meses de convivir y sobrevivir a la pandemia, de la aprobación al Gobierno de miles de millones de quetzales para atender la emergencia sanitaria, el país tiene un sistema de salud colapsado incapaz de atender la demanda de los habitantes.

En términos de vacunación a la población, Guatemala en la región centroamericana ocupa el penúltimo lugar con un 5.62 por ciento de habitantes vacunados con dosis completa. Aquí el proceso de vacunación ha sido demasiado lento y la falta de vacuna es la razón principal del incremento de muertes. Según el Ministerio de Salud, ocho de cada diez fallecidos por Covid son mayores de 50 años y no estaban vacunados. La cifra más reciente de fallecidos por Covid asciende a once mil quinientos dieciséis de los cuales más de nueve mil eran personas mayores de 50 años.

Organizaciones de sociedad civil como el Laboratorio de Datos, sostiene que el proceso de vacunación es excluyente, que está concentrado en las áreas urbano céntricas de población con acceso a internet, relegando a las áreas rurales donde se concentra población analfabeta con poco acceso a internet y donde reside la mayor cantidad de personas mayores de 70 años.

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