«Guatemala, un país con una naturaleza aún maravillosa, se ha convertido en un gran basurero.» Carolina Escobar Sarti
Carolina Escobar Sarti publicó el 3 de septiembre, 2026, en Prensa Libre una columna cuyo título no admite equívoco: Ley de aguas: no es necesaria, es imprescindible. Tiene razón. El Estado debe garantizar el derecho al agua. Sin agua nos enfermamos o morimos. Eso no es metáfora: es epidemiología.
Escobar Sarti pone sobre la mesa lo que el país se niega a mirar todos los días. El 52% de la población consume agua con heces fecales; en el área rural la cifra sube al 71%, son datos que lloran sangre. El 90% de las fuentes superficiales o subterráneas está contaminado, química o bacteriológicamente, o ha sido desviado. Guatemala, país de naturaleza todavía maravillosa, dice de forma poética Carolina Sarti, de tal forma que la hemos convertido en un gran basurero. El plástico llega al río y luego al mar. Las cuencas del Motagua y del María Linda drenan la capital sin tratamiento suficiente. El cemento tapa los poros de la tierra. Se venden pipas y botellas mientras comunidades enteras no tienen agua entubada. El agua no nace en el chorro, dice Carolina.
En eso coincidimos por completo. Lo he escrito aquí una y otra vez, y lo documenté en mí reciente libro: La naturaleza social del ciclo del agua editado por Piedrasanta, 2026, de venta en Librería Sophos. Guatemala no es pobre en agua renovable. Tiene más de 100 mil millones de metros cúbicos al año. Es pobre en calidad, en tratamiento, en registro, en justicia y en pensamiento de largo plazo. Hemos sido la cigarra del agua. Ahora el verano también nos deja secos.
Escobar Sarti acierta también en el terreno político inmediato. La iniciativa 6816, ingresada al Congreso el 3 de agosto de 2026, fue consultada con distintos sectores y contiene instrumentos que el país no tenía: autoridad nacional, registro de derechos, canon, reconocimiento de usos ancestrales. La versión de la UNE —la 6834— llega tarde, improvisada, y mete al CACIF y a la ANAM en un Consejo que parece diseñado para que quienes más usan y más evaden sigan sentados en la mesa del rector acierta Escobar Sarti. Contamina el proceso. En eso también coincido.
Pero una coincidencia no es un cheque en blanco. Decir que 6816 es “técnicamente una buena iniciativa, según expertos” es verdad a medias. Es un andamiaje necesario. No es, todavía, una autoridad del agua. Si el Congreso la aprueba tal como está en su arquitectura institucional, habremos hecho lo que este país sabe hacer mejor: una ley para no cumplirla.
Lo que no puede quedar igual
He sostenido desde el Proceso Nacional del Agua, en el que he participado intensamente tanto individualmente, con el Instituto de Investigaciones de Ingeniería, con el grupo multicultural APA: Acción por el Agua, y como parte de la Mesa Occidental de Agua, MOA: una excelente organización para la mejora de la gestión del agua, que hay que hacerle correcciones importantes a la propuesta de ley del MARN, aunque debió ser propuesta del Gabinete Específico del Agua, creado por Acuerdo Gubernativo 139-2024 y que debió dirigir la vicepresidencia de la República, quien siempre fue la gran ausente, desde el inicio, hasta el final. Quizá, se quedó en sus clubes de ciencia. Ahora bien, la iniciativa de ley de aguas 6816 ya está en el Congreso, pero requiere al menos tres correcciones sin las cuales la ley nace coja, las cuales hemos hecho llegar al MARN, Ministerio de Medio Ambiente.
Primera corrección: Cambiar de raíz la composición de la Superintendencia del Agua.
El directorio no puede ser un apéndice de los ministerios de turno. Ambiente, Agricultura, Salud, Energía y Minas y la ANAM no han cuidado el agua. Algunos han sido, lisa y llanamente, parte del problema. Los alcaldes organizados en esa clica que llamamos ANAM corren a la Corte de Constitucionalidad a pedir el derecho de no construir plantas de tratamiento, ni siquiera a separar los desechos en sus comunidades. La Corrupta Corte, CC, los protege. Los ministros proponen cuadros. Los cuadros responden a la coyuntura. El agua no responde a la coyuntura: responde a cuencas, a acuíferos y a décadas de mal uso: El ciclo social del agua.
La Superintendencia del agua tiene que ser un ente rector técnico, no un directorio politiquero. Sus miembros deben tener alta reputación pública y calidad académica demostrable en hidrología, hidrogeología, ingeniería sanitaria, derecho hídrico, economía ambiental, antropología del agua o gestión integrada de recursos hídricos. No basta un currículum de gabinete. No basta haber sido viceministro. El nombramiento no puede quedar en manos de quienes mañana salen del despacho y dejan el río igual de sucio o peor.
Sin esa corrección, el canon diferenciado —el instrumento más potente de 6816— se volverá negociación. El registro único de derechos se volverá archivo. Las sanciones se volverán teatro.
Segunda corrección: Construir un instituto del agua. no encargarle la ciencia al Insivumeh
El Insivumeh sabe de sismos, volcanes, meteorología e hidrología superficial en un sentido limitado. No tiene, ni tendrá por decreto, capacidad instalada en balances hidrogeológicos, hidroinformática, calidad del agua, tratamiento y reúso, ni en la dimensión social y antropológica del ciclo del agua. Nombrarlo brazo científico de la ley es una decisión que revela desconocimiento de qué estudios necesita un país para gobernar su agua.
Hace falta un Instituto Nacional del Agua, apolítico, con mandato de investigación, monitoreo en tiempo real, sensores en cuencas, estimación de recarga, inventario vivo y vínculo permanente con los centros que sí investigan: el CUNOC desde 2005, la ERIS de la Usac, grupos de la Landívar y de otras universidades que producen datos y no solo comunicados. Las universidades que hacen ciencia no pueden seguir como observadoras lejanas. Deben ser actor técnico del proceso legislativo y del régimen que nazca de la ley.
Sin instituto propio, “quien contamina paga” no se puede verificar. Y lo que no se puede verificar no se cobra.
Tercera Corrección: No hay que dar concesiones de decenas de años a grupos privados que han usado el agua como si fuera suya y gratis.
En el borrador que circuló en 2025 apareció lo que llamé entonces lo feo: concesiones de hasta cincuenta años, sin justificación técnica ni social en los anexos en una serie mía aquí en La Hora de al menos diez artículos, columnas. Cincuenta años es más que una generación. Es regalar certeza jurídica a quienes no han mostrado interés en mejorar la gestión del agua, sino en extraerla, desviarla, perforar sin registro y devolver sucio lo que tomaron limpio. Cierto, lo redujeron a 30 años, pero aún no hay justificación.
El agua es un bien público. Todos los pozos son, en esencia, públicos, porque el agua es de todos. El uso privado se regula, se licencia, se cobra y se puede cancelar. No se hipotecan décadas. El 90% del uso y del abuso no está en el chorro de la casa: está en la agroindustria, los monocultivos, la minería, las bebidas, las cementeras y las perforaciones de edificios y condominios. Una concesión larga a ese sector no es gestión integrada. Es prebenda.
Si 6816 conserva plazos de ese orden, Escobar Sarti tendrá razón en que la ley es imprescindible y nosotros habremos fallado en lo fundamental: impedir que el vacío legal se sustituya por un privilegio legal.
Coincidencia y desacuerdo útil
Escobar Sarti prioriza hogares y agricultura de subsistencia. Correcto. El interés social que manda la Constitución no es un adorno. Pero hay que decir también lo que su columna apenas roza: la responsabilidad es compartida y no es equivalencia moral, tal como comentó y enfatizó en mis artículos de La Hora sobre la Ley de Aguas Mario Fonseca. No es lo mismo el comité comunitario que administra con escasez que el ingenio que desvía un río. No es lo mismo la familia que tira plástico que la municipalidad que vierte aguas negras y luego litiga para no tratarlas. No es lo mismo el vecino de la capital que abre el chorro sin saber de qué montaña viene el agua que la empresa que no paga servicios ambientales.
Todos estamos en el ciclo social del agua, por eso, insisto, su naturaleza es social. No todos tenemos el mismo poder, el mismo beneficio ni daño histórico. La fórmula no es el maximalismo que prefiere cero leyes antes que una ley imperfecta. Tampoco es el consenso que lava privilegios. Es responsabilidades comunes pero diferenciadas, con instrumentos, canon progresivo, reinversión en la cuenca y sanción efectiva.
La 6816 no resuelve de un plumazo lo que se construyó en generaciones. Ninguna ley lo hace. Sí abre, por primera vez en décadas, un marco para inventariar, registrar, cobrar y ordenar. Por eso es imprescindible, como dice Escobar Sarti. Por eso mismo es urgente enmendarla ahora, en comisión y en el pleno, y no después de publicada, cuando el directorio ya esté lleno de ministros, el “saber científico” ya esté parado en el Insivumeh y las concesiones ya estén firmadas por decenas de años. El agua no espera.
Gracias Carolina Escobar Sarti: Hermosa columna.
