En sus documentos oficiales la Universidad de San Carlos de Guatemala reporta su misión, la que literalmente dice: «Su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico». Claramente, el fin fundamental de la Usac actual cooptada tiene poco que ver con la promoción del saber científico y menos con elevar el nivel espiritual de los habitantes. Quizá el usurpador a la rectoría quiera elevar el nivel espiritual de los estudiantes en resistencia de la Usac evitando que tengan acceso a sus estudios y enviándolos a la cárcel para bloquear su desarrollo.
Su misión debería ser: Destruir el nivel espiritual de los habitantes de la República, destruyendo y bloqueando la cultura y el saber científico.
Desde su transformación fundamental en 1944 cuando la Universidad de San Carlos fue reconceptualizada, recreada, ha sido una universidad contestataria, producto de la Revolución de Octubre de 1944. Ha sido una institución clave en la vida de miles de miles de guatemaltecos, dando oportunidades de desarrollo académico y formación profesional. Muchos no seríamos lo que somos si no hubiese sido por la verdadera Universidad de San Carlos, no la caricatura en la que la ha convertido un grupito de criminales que por puros intereses económicos y politiqueros han transformado nuestra otrora universidad democrática en un cuartel y cartel al servicio de unos poquitos ladrones, corruptos y manipuladores que desde el pseudo Consejo Superior Universitario se han dedicado a descuartizar, destazar, destruir a la Usac.
Primero fuimos atacados por la derecha extrema guatemalteca vestida de verde olivo, quienes en época de los dictadores genocidas que intentaron doblegarnos ocuparon el campus matando a estudiantes desarmados cuyo único delito fue ir a la San Carlos a prepararse. Un 27 de noviembre de 1970 ocuparon militarmente el campus de la zona 12 con tanques, helicópteros, chafarotes armados hasta los dientes, bajo el mandato de Carlos Manuel Arana Osorio. Luego un 14 de julio de 1980 fue el ataque a balazos frente a Rectoría dejando ocho estudiantes de ingeniería muertos y decenas de heridos. Luego un 3 de septiembre de 1985 más de 500 soldados ocuparon de nuevo el campus de la Universidad de San Carlos en zona 12. Eran, como escribe Vargas Llosa: Tiempos recios.
Esos no fueron hechos aislados. Formaban parte de una estrategia sistemática de terror de Estado contra todo espacio de pensamiento crítico como lo ha documentado Carlos Figueroa Ibarra en su libro: El recurso del miedo. La investigación de Paul Kobrak documentó al menos 492 universitarios asesinados o desaparecidos entre 1954 y 1996; otras memorias elevan la cifra a más de 700. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales concentró el mayor número de víctimas.
Bajo el terror del otro asesino Lucas García se registraron 211 asesinatos de estudiantes universitarios de la San Carlos. Los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) confirman que la Universidad de San Carlos fue considerada “santuario de la subversión” y, por tanto, objetivo prioritario de la contrainsurgencia.
El antropólogo Ricardo Falla, en Quiché Rebelde y en sus posteriores trabajos sobre las masacres, mostró cómo el Estado guatemalteco aplicó la misma lógica de aniquilamiento contra cualquier forma de organización y conciencia crítica, ya fuera en las comunidades indígenas del altiplano o en las aulas de la única universidad pública. La autonomía universitaria, conquistada en 1944, fue violada una y otra vez con la misma impunidad con la que se sembró el terror en el campo.
Hoy el método ha cambiado, pero la intención es la misma. Ya no llegan tanques ni escuadrones de la muerte a plena luz del día. Llegan funcionarios de Registro y Estadística, guardias privados y resoluciones del Consejo Superior Universitario ilegal. Entre 40 y 50 estudiantes –y la cifra sigue creciendo– han visto desaparecer sus expedientes académicos del sistema. Les borraron la historia de años de estudio. Les negaron la posibilidad de matricularse, de graduarse, de continuar becas o de defender tesis. Es la “muerte académica”. Una forma moderna, burocrática y cobarde de criminalizar la disidencia.
Los afectados son estudiantes que se opusieron públicamente al fraude rectoral de 2022 y al segundo fraude de 2026, o que se atrevieron a llamar usurpador a alias Walter Mazariegos.
El destazador de rastro pobre que se infiltró primero en Humanidades y luego se apoderó de toda la universidad no necesita balas, aunque hay reportes de que las usa. Necesita borrar registros, expulsar representantes estudiantiles como Adrián Camilo García Flores –expulsado por el CSU por el “delito” de llamar usurpador al usurpador rector– y contar con el escudo de una Corte de Constitucionalidad que, de oficio o por mayoría, ha denegado amparos, revocado suspensiones judiciales y legitimado procesos viciados.
La CC ha preferido proteger al usurpador antes que a la Constitución y a la autonomía universitaria. Es un hecho inaudito: el máximo tribunal constitucional se ha convertido en el último baluarte de quien carece de finiquito, acumula denuncias penales y ha convertido la Usac en botín del pacto de corruptos.
Del Cid ha llamado a esta captura de la Usac “terrorismo en la academia”. Y tiene razón. Cuando se borra el historial académico de un estudiante por su posición política se está aplicando terror. Cuando se impide el ingreso al campus, se amenazan líderes y se convierte la universidad en territorio custodiado, se está vulgarizando la academia hasta convertirla en su caricatura.
La San Carlos dejó de ser espacio de saber científico para convertirse en maquinaria de lealtades, títulos de baja calidad y control político sobre las 76 sillas que la universidad tiene en el Estado. La vulgarización no es solo de forma: es la destrucción deliberada del proyecto de universidad pública crítica que nació en 1944.
La historia se repite, pero no de la misma manera. En los años 70 y 80 el Estado mataba cuerpos. Hoy el Estado –o lo que queda de él en manos del pacto– mata carreras, borra trayectorias y silencia con el miedo a la “muerte académica”. Los estudiantes que hoy denuncian ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y ante la opinión pública no están pidiendo privilegios. Están defendiendo el derecho elemental a existir como universitarios. Están defendiendo la memoria de los que cayeron en 1970, en 1980 y en 1985. Están defendiendo la posibilidad de que la Universidad de San Carlos vuelva a ser lo que su propia misión proclama: elevadora del nivel espiritual y científico de este pueblo.
La San Carlos no es de Mazariegos. No es del Consejo Superior ilegítimo. No es de los magistrados que miran hacia otro lado. Es de los estudiantes a los que les borraron el expediente, de los docentes a los que les quitaron el bono, de los que todavía se atreven a decir la verdad. Recuperarla no es solo un acto de justicia universitaria. Es un acto de supervivencia democrática. Debemos recuperar a la universidad pública ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
