Es hora de detener a este destazador no solamente de universidades, sino destazador de nuestros sueños, destazador de las ilusiones de los y las alumnas a las que les borró sus expedientes académicos con cinismo, descaro y maldad.
Lo que del Cid ha llamado con precisión “Terrorismo en la academia” en su columna de esta semana aquí en La Hora no es una metáfora. Es la descripción exacta de una estrategia deliberada. La desaparición de expedientes de al menos cuarenta estudiantes y profesores de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Comunicación e Historia; las amenazas denunciadas por USAC-DIRE ante el Ministerio Público; la prohibición de ingreso al campus y el hostigamiento sistemático contra quienes se opusieron al fraude electoral constituyen, en conjunto, un aparato de intimidación diseñado para producir miedo, parálisis y silencio. No se trata de errores administrativos.
Se trata de la aplicación consciente del terror como instrumento de gobierno universitario. Este método no es nuevo. Es la versión burocrática y contemporánea de las prácticas que, en los años setenta y ochenta, precedían a las desapariciones forzadas. Hoy no se necesita el escuadrón de la muerte a plena luz del día. Basta con borrar el registro académico, negar el acceso al campus y convertir la crítica en causal de “muerte académica”.
El resultado es el mismo: el sujeto que se atreve a pensar diferente queda expulsado del futuro institucional.
Para comprender la naturaleza de quién dirige esta operación, resulta útil recurrir a los trabajos de Iñaki Piñuel, especialmente a su libro Mi jefe es un psicópata. Piñuel demuestra que el poder no siempre corrompe a personas sanas: con frecuencia revela y potencia a individuos que ya poseían una estructura psicopática latente.
El psicópata organizacional se caracteriza por la ausencia de empatía afectiva, la capacidad de manipulación cognitiva, la instrumentalización del miedo y la falta absoluta de remordimiento. Utiliza el acoso psicológico, no como desborde emocional, sino como herramienta de control: aísla a las víctimas, destruye su reputación, genera incertidumbre permanente y convierte el entorno académico en un espacio de amenaza constante.
Walter Mazariegos exhibe con claridad estos rasgos. No actúa solo. Se rodea de una camada de secuaces que ejecutan las órdenes y de un Consejo Superior Universitario que ha preferido la lealtad servil a la defensa de la autonomía. El terrorismo académico no es un exceso personal; es la expresión de una psicopatía organizacional que ha capturado la rectoría.
Pero el miedo no se produce únicamente desde arriba. Requiere una disposición social que lo reciba y lo amplifique. Aquí entra la teoría de Karen Stenner en su libro: The Authoritarian Dynamic. Stenner sostiene que la predisposición autoritaria –la preferencia por la uniformidad, la obediencia y la supresión de la diferencia– no se manifiesta de manera constante. Se activa cuando las personas perciben una amenaza normativa: cuando creen que el orden, la cohesión o la “unidad” del grupo están en peligro.
El usurpador y sus aliados han construido precisamente ese relato. Presentan a los estudiantes y profesores opositores como “activistas”, como elementos desestabilizadores, como amenazas a la “normalidad” institucional. Al hacerlo, activan en sectores de la comunidad universitaria –y también fuera de ella– la predisposición autoritaria: el deseo de que alguien “restablezca el orden”, aunque ese orden sea fraudulento y criminal.
La pregunta central, entonces, no es solo cómo denunciar al destazador. Es cómo liberarnos del temor que él y su aparato han instalado como mecanismo de dominio.
La primera condición es reconocer el mecanismo. El miedo deja de ser parálisis cuando se nombra y se analiza. Cuando la comunidad universitaria comprende que la “desaparición” de expedientes, las amenazas y el hostigamiento no son hechos aislados, sino una estrategia de activación autoritaria, el relato del miedo pierde parte de su poder. Stenner muestra que la predisposición autoritaria se atenúa cuando la amenaza normativa se desactiva, es decir, cuando la diferencia y el disenso dejan de presentarse como peligros existenciales y se reivindican como condiciones normales de una universidad viva.
La segunda condición es la acción colectiva. El psicópata organizacional y el autócrata burocrático prosperan en el aislamiento de las víctimas. Cada estudiante cuyo expediente “desaparece”, cada profesor amenazado, cada trabajador hostigado, se vuelve más vulnerable cuando enfrenta solo la maquinaria. La respuesta tiene que ser solidaria, pública y sostenida. Las denuncias ante el Ministerio Público, las acciones de amparo, la documentación sistemática de los abusos y la articulación entre facultades, escuelas y centros regionales no son gestos simbólicos: son la construcción de un contrapeso real al poder usurpado.
La tercera condición es recuperar la praxis universitaria como forma de resistencia. Una universidad no se defiende solo con comunicados. Se defiende ocupando los espacios de pensamiento crítico, manteniendo la libertad de cátedra, aunque se intente cercarla, formando a los estudiantes en el ejercicio de la duda y del desacuerdo, y negándose a aceptar que el silencio es la condición de la supervivencia académica.
El miedo se enfrenta cuando la comunidad deja de vivir como si el terror fuera la normalidad y comienza a actuar como si la autonomía todavía fuera posible.
La San Carlos no pertenece a Mazariegos ni al Pacto de Corruptos ni a los jueces que miran hacia otro lado. Pertenece a quienes todavía se atreven a pensar, a denunciar y a imaginar un futuro distinto. El destazador de universidades y de sueños solo puede continuar mientras la comunidad acepte el miedo como horizonte. Cuando esa aceptación se rompe, la dictadura universitaria –por más togas y resoluciones amañadas que exhiba– empieza a desmoronarse.
Es hora de liberarnos. Rompamos el miedo, afrontemos a este usurpador. Hagámoslo, pero hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
