La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) continúa profundizándose. Como reportó Joel Maldonado en La Hora el 18 de julio de 2026, al menos treinta estudiantes identificados como opositores a la actual rectoría han visto desaparecer sus expedientes académicos, lo que les impide formalizar su matrícula para el segundo semestre. A algunos profesores simplemente no nos pagaron el Bono 14. Nos sacaron de la nómina con el cinismo que el autoritarismo suele hacerlo. Este hecho no es aislado, sino parte de un patrón sistemático de sanciones, suspensiones de matrícula, expulsiones y procesos disciplinarios o penales que, desde 2022, han afectado directamente a unos 200 miembros de la comunidad universitaria, en su mayoría estudiantes y líderes visibles de la resistencia.
Esta dinámica refleja un uso del poder que genera miedo y desmovilización, reminiscentes de mecanismos históricos de control señalados por Figueroa Ibarra en el contexto guatemalteco en su libro: El recurso del miedo. Ni el sistema de justicia ni el Ejecutivo han respondido con la contundencia que la gravedad del momento exige. La pasividad se extiende también a buena parte del profesorado. Esta actitud puede explicarse, en parte, mediante el concepto de «skin in the game» (jugarse la piel) desarrollado por Nassim Nicholas Taleb (2018). Cuando los actores no enfrentan consecuencias reales por su inacción –como ocurre con frecuencia en entornos de estabilidad laboral y bajas exigencias investigativas–, tienden a priorizar la comodidad, cumplir rutinariamente con sus obligaciones docentes y guardar silencio ante las amenazas a la autonomía universitaria.
Ante esta realidad, es urgente pasar de la denuncia a la praxis. Siguiendo a Louis Althusser, la praxis no es una actividad instrumental cualquiera, sino una práctica teórica y política que transforma simultáneamente la realidad y la conciencia de quienes la llevan a cabo. Anthony Giddens complementa esta noción con su teoría de la estructuración: los actores, mediante la acción reflexiva, pueden modificar las reglas y recursos del sistema.
En Guatemala, esta praxis exige una lucidez estratégica clara. No se trata solo de recuperar la Usac, sino de defender la democracia en su sentido más profundo. Esto implica considerar seriamente la creación de al menos cuatro nuevas universidades públicas que diversifiquen el sistema de educación superior y rompan el monopolio que hoy permite la cooptación de las altas cortes y otras instituciones del Estado.
Los movimientos sociales en América Latina ofrecen lecciones valiosas. En Chile, me cuenta Eduardo Carrasco, chileno, el movimiento estudiantil de 2011-2013 logró colocar en el centro del debate nacional la educación pública gratuita y de calidad, impulsando reformas en acceso y equidad y aunque falta mucho según Hernan Morales, otro profesor universitario chileno, sus indicadores de educación y democracias están muchísimo mejor que los de Guatemala. En Paraguay, el movimiento “UNA No Te Calles” (2015) y las movilizaciones posteriores contra la corrupción demostraron el papel protagónico que pueden jugar los estudiantes en la defensa de la democracia a juzgar por mi amiga y profesora universitaria Clara Almada.
Estas experiencias no son exclusivas de la región. En Estados Unidos, la Arizona State University (ASU), bajo la visión de Michael Crow, se transformó en un modelo de acceso masivo, innovación y vinculación con los grandes desafíos nacionales. En Europa, la Technical University of Munich (TUM) elevó significativamente sus estándares de investigación y docencia mediante la Estrategia de Excelencia, mientras que la Universidad de Alcalá de Henares en España, UAH, destaca por su enfoque en empleabilidad, transferencia tecnológica y solución de problemas reales como la sostenibilidad y la digitalización tal como nos lo ha modelado una y otra vez Daniel Meziat, de la UAH, amigo del CUNOC y mío.
Estas experiencias internacionales demuestran que es posible construir universidades públicas de excelencia, profundamente vinculadas a las necesidades de sus sociedades. En Guatemala, podríamos diseñar nuevas instituciones regionales con énfasis en educación técnica y profesional, inspiradas en modelos como el SENA colombiano o la tradición alemana, orientadas a desafíos concretos: adaptación climática, seguridad alimentaria, desarrollo rural y fortalecimiento institucional en el Altiplano, la Costa Sur y el Petén. Desde Colombia, Ines Restrepo de la Universidad del Valle de Cali nos ha documentado, ilustrado y dicho que eso es posible y urgente.
La verdadera praxis comienza por esta lucidez colectiva: definir con claridad si buscamos únicamente recuperar la Usac o, de manera más ambiciosa, refundar un sistema universitario público robusto, descentralizado y democrático. Solo así el dolor del presente podrá convertirse en un proyecto histórico consciente, capaz de reconstruir instituciones que sirvan al pensamiento crítico, a la democracia y al desarrollo inclusivo del país.
Es hora de pasar de la resistencia atomizada y atemorizada a la acción estratégica, unitaria y determinada. La universidad pública guatemalteca –y con ella la propia democracia– aún puede ser salvada y transformada. Hagámoslo guatemaltecos. Hagámoslo ahora porque si no es ahora, no será nunca.
