La Universidad de San Carlos representa nuestra conciencia y aceptar su usurpación es aceptar que ya, como sociedad, no tenemos conciencia.
Somos un país que ha sufrido robos descarados, abusos casi ilimitados. Somos una historia de saqueos, desde que somos país y un tanto antes. No es que fueron los españoles, no. En todo caso serían los tlaxcaltecas o los mexicas si quisiéramos echar culpas sobre la corrupción que nos carcome. Pero la corrupción no es exclusividad de una cultura, es una práctica social de abuso de poder en todas las sociedades humanas desde que somos humanos. No es que lo heredamos, no. Es que no hemos aprendido a ver a largo plazo.
Para explicar el efecto de la corrupción hay que verla a largo plazo. Piense el lector en Correos de Guatemala, una institución estatal que solía entregar la correspondencia a los guatemaltecos el siglo pasado. Cuando las primeras olas de migrantes empezaron a mandar remesas lo hacían con cheques, con documentos en dólares que sus familiares podían cambiar en Guatemala. Enviaban cartas con cheques, con giros y con otros documentos financieros. Quienes repartían el correo se dieron cuenta y fueron abriendo las cartas para extraer los cheques, los giros, el dinero. A corto plazo recibían dinerito mal habido, pero a largo plazo mataron al correo.
Eso es la corrupción: un beneficio inmediato que destruye la institución que lo hace posible. Y eso mismo está ocurriendo hoy con la Universidad de San Carlos de Guatemala. El 8 de abril de 2026 no fue una elección. Fue la consumación de un proceso que ya venía viciado desde antes. La imposición de Walter Mazariegos como rector no es simplemente un problema administrativo ni una disputa universitaria. Es un caso clásico de captura institucional.
Cuando se violan las reglas para elegir autoridades, cuando se excluye a electores legítimos, cuando se manipulan órganos de decisión, lo que se obtiene no es un rector: es un usurpador. Este ladroncito de mala muerte, formado como destazador de rastro pobre del oriente del país, no porque ser destazador sea denigrante, no. Es un trabajo honesto, pero no cuando se roba el ganado. Pero este atraco descarado a nuestra Universidad no dolería tanto si nuestro presidente, que en campaña si criticó abiertamente al usurpador de la Usac, ahora no dice nada. ¿Por qué? Quizá en su mente el ajedrecista tiene un plan, una estrategia: volver a gritar cuando tengamos nuevo fiscal general. ¡Vaya plan, sí es que es su plan!
Aquí es donde el análisis de la corrupción a largo plazo se vuelve indispensable. Como plantea Javier Miranzo Díaz, la corrupción en sociedades democráticas produce efectos acumulativos: erosiona la confianza, deslegitima las instituciones y termina por destruir su capacidad de cumplir su función social.
La Universidad de San Carlos no existe para otorgar cargos, ni para repartir cuotas de poder, ni para dar trabajo a sus amantes, amigos y compañeros de robo. Existe para formar profesionales, producir conocimiento y servir como conciencia crítica de la nación.
La Universidad de San Carlos representa nuestra conciencia y aceptar su usurpación es aceptar que ya, como sociedad, no tenemos conciencia. Cuando se corrompe su gobierno, no solo se afecta una elección: se compromete el futuro del país. Como lo ha demostrado la reacción generalizada de la sociedad guatemalteca y de decenas de países amigos, como lo sigue demostrando la resistencia estudiantil, lastimada profundamente, no solamente por el mismo fraude sino por ese silencio inentendible presidencial porque la gente honesta quiere una universidad honesta.
A corto plazo, quienes operaron el fraude universitario han obtenido control momentáneo, esto es, se apoderan momentáneamente de poder y de dinero, del millonario presupuesto, de plazas, de decisiones. Sin embargo, a largo plazo la institución, en este caso la Usac, se va erosionando. A largo plazo, están destruyendo la universidad pública. O, ¿ese es el plan de los neoliberales unidos a los corruptos?
Lo que es importante para una institución, como para una persona, es su reputación. Pero para una universidad eso es fundamental. ¿Quién quiere graduarse de una institución corrupta? Si pierde su reputación, pierde su legitimidad y sin legitimidad, los títulos pierden valor. Sin credibilidad, la investigación pierde impacto. Sin autonomía real, la universidad deja de ser universidad. Y entonces ocurre lo mismo que con Correos: la institución muere, aunque los edificios sigan y los docentes sigan dando sus repetitivas clases, la institución deja de tener valor ético y moral para la sociedad.
Pero este artículo no es solo sobre un rector que no es rector. Es también sobre un presidente que no actúa. Porque en una democracia, la corrupción sostenida en una institución pública no es un asunto aislado. Es un problema de Estado. Y cuando el Estado no responde, se vuelve cómplice por omisión. La Constitución no protege fraudes. ¿Qué, acaso no existe un ministerio de educación que diga algo sobre la educación superior? ¿Qué, acaso no existe un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología? ¿No son esas las funciones principales de la Universidad Pública, educación y producción de ciencia y tecnología? Para más la ministra de Medio Ambiente, Patricia Orantes, se ha pronunciado mucho más que un Presidente mudo y una Ministra de Educación que no parece importarle la educación pública superior. ¿Será porque estos dos sí tuvieron dinero para estudiar en universidades privadas? Quizá están pensando que enviarán a sus hijos o nietos a estudiar a la Universidad Juan José Arévalo, otro icono paradójico de la corrupción universitaria guatemalteca que pide a gritos ser rescatada.
La autonomía universitaria no es un escudo para la ilegalidad. Es un principio para garantizar libertad académica, no para encubrir capturas políticas. Cuando una institución pública, autónoma es secuestrada, el Estado tiene no solo la facultad, sino la obligación de actuar para restituir el orden legal: debe intervenir. No hacerlo tiene enormes consecuencias. A corto plazo, el costo es político: conflicto, protestas, desgaste. A largo plazo, el costo es estructural: la normalización del fraude.
Y cuando el fraude se normaliza en la universidad, se normaliza en el país. Ese es el verdadero peligro. No es Walter Mazariegos como persona corrupta, incapaz de tener conciencia social de su saqueo, es el precedente. Es el mensaje de que se puede violar la ley, capturar una institución y no pasa nada. Porque entonces ya no hay ley. Y cuando no hay ley, ya no hay nada. Pero aún más, si el mismísimo presidente del país no dice nada, no hace nada, entonces ya no hay voz institucional. Su silencio solamente puede interpretarse como que es parte de la captura, cómplice.
La Universidad de San Carlos ha sido históricamente un espacio de pensamiento crítico, de debate, de formación de ciudadanos. Durante la guerra civil fue el bastión intelectual por una sociedad mejor, poniendo decenas, sino miles de universitarios desaparecidos, torturados y asesinados. ¿O esos mártires ya no valen nada señor Presidente?
Si se pierde la Universidad Pública, no se pierde un campus: se pierde una parte esencial de la república. Presidente: aún está a tiempo de entender esto. No se trata de intervenir por capricho. Se trata de restaurar la legalidad. Se trata de garantizar que la universidad vuelva a ser de los estudiantes, de los profesores, del país. Porque si no se actúa hoy, mañana será más difícil, quizá imposible para el futuro de la Universidad Pública.
Y como ya sabemos –porque lo hemos vivido– lo que se destruye por corrupción a largo plazo no se recupera fácilmente, nos quedaremos sin universidad como nos quedamos sin correo.
