Los guatemaltecos no nos explicamos el por qué la ola de delincuencia en el país está casi siempre in crescendo de forma imparable en cualquier rincón del territorio nacional; la ejecución de personas con armas de fuego es alarmante.
El mecanismo de protección ciudadana ha desfilado de manera lenta durante muchos años cambiándole nombre cada vez más rimbombante pero menos efectivo; claro, entendemos que la fuerza policial al igual que el magisterio nacional, siempre ha estado en los últimos reglones de la atención gubernamental, lo que hace que los resultados sean lo negativo que tenemos.
La mayoría de los funcionarios que tuvieron a su cargo el Ministerio de Gobernación, siempre ingresaron al trabajo con diversas excusas para justificar los pésimos resultados de la acción policial en sus diferentes manifestaciones: prevención del delito, seguridad perimetral, atención al público usuario, atención en los números telefónicos que se suponen han sido y son de emergencia y por qué no decirlo, la indolencia y el miedo de los agentes ante situaciones que exigen carácter para resolverlas.
Aparte de lo anterior, la descomposición ética y moral de muchos agentes policiales al exigir exacciones ilegales a la población, ha hecho que en vez de confiar en el servicio de protección se demuestre una actitud de temor, miedo, inseguridad y hasta se presiente la consignación falsa al no acceder a pagar las “mordidas” exigidas; es decir, las extorsiones.
¿Por qué no hay vigilancia policial en los sectores denunciados públicamente por los afectados y los sistemas informativos donde usualmente se cometen delitos de asaltos y robos a peatones y automovilistas? ¿será que…? Si, usted amable lector adivinó; hay muchísimas razones para creer o lucubrar al respecto; sin embargo, la realidad sigue su curso y la población resistiendo los embates de ese tipo de delincuencia. En este artículo no abordaré los robos multimillonarios por parte de los gobernantes desde hace muchísisimos años porque fueron y son del dominio público.
Es obvio que en la medida que el crimen organizado, la delincuencia común y la delincuencia gubernamental del pasado perfeccionaron sus nefastas habilidades para defraudar al erario nacional, las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana apenas si avanzaron en tecnología y, sobre todo, no se preocuparon de la formación ética y moral de sus agentes quienes también se sienten empoderados para cometer actos delictivos amparados en sus uniformes.
Los dirigentes de los partidos y los funcionarios políticos viven tranquilamente en lo que ahora se denomina CRIMILEGALIDAD. Es del conocimiento público que el crimen organizado controla la producción de muchos productos esenciales y no pasa nada; los precios suben, los productos se venden y todos en paz. Recordemos las imágenes de unos políticos desayunando con los dirigentes del mercado La Terminal y otros comiendo con los dirigentes sindicales reconocidos públicamente como impresentables.
Es de verdad lamentable, que en Guatemala no se supere la arcaica forma de pensar de la sempiterna oligarquía, léase el sector sirviente de los verdaderos dueños del país, los políticos, funcionarios ladrones de cuello blanco y amantes presidenciales, que no valga de nada la tecnología ante la retrógrada conducta corrupta. Necesitamos un país donde los gobernantes tomen decisiones respetando las leyes y desterrar la costumbre de que sean los criminales quienes impongan su voluntad, o peor, que los criminales y políticos sigan siendo uno mismo.
