Mientras el país sufre una escalada sin precedentes en materia de delincuencia, la atención está centrada en la actividad del Tribunal Supremo Electoral, cuyos integrantes en todas sus dependencias pareciera que están subsumidos en una incapacidad jurídica y administrativa que pone en peligro la realización de las elecciones.
Las violaciones abiertas a la Ley Electoral como que se van imponiendo de acuerdo a los lineamientos seguidos por el “criterio jurídico” de sus doctores y personal especializado acomodando las decisiones al gusto de quienes tras bambalinas ordenan y deciden quien sí y quien no, convirtiendo a dicha institución en un inútil remedo de sus años mozos.
Nos estamos acostumbrando a que violar la ley ya no importa, por temor u omisión no se sanciona ni a funcionarios ni a los empleados del tan recordado transparente Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, convertido hoy en… ¿en qué? No se sabe si es agencia de empleos y negocios o es una dependencia del Organismo Ejecutivo o en su caso, oficina de transacciones millonarias en la compra de insumos, software y equipo electrónico.
¿Cuánto tiempo se dedicó a deconstruir este entramado de órganos supuestamente autónomos? para muchos guatemaltecos, el tiempo en deshacer el prestigio, honradez, verdad, seguridad jurídica, ética, decencia, honorabilidad y sobre todo capacidad para realizar cada cuatro años la actividad de elegir nuevas autoridades municipales, congresiles y presidenciales, ha sido impresionante; los últimos procesos electorales lo han demostrado.
Está claro que, en Guatemala, uno de los principales sociales es la falta de un verdadero ESTADO DE DERECHO, no hay seguridad jurídica, se modifican las leyes por consigna o simplemente se violan sin que haya consecuencia alguna y con eso, pues se pasa encima de los derechos humanos de la población, tratados y convenios signados por Guatemala.
Por todo lo anterior, el sistema de salud está mal atendido por hueveos como el del Hospital de Chimaltenango; los campesinos protestan por el robo de los ríos, la falta de una política agraria justa y además digna; el flujo migratorio se desborda de las dos fronteras, el sistema educativo carece de rumbo por la ineptitud de sus autoridades, las extorsiones de la delincuencia común, las de las municipalidades y las gubernamentales en todas sus modalidades nos tienen hartos.
Las violaciones sistemáticas a la ley durante los últimos 37 años por parte de los gobiernos, se ha ido alargando, se han impuesto las fobias y obsesiones de las autoridades centrales y su círculo de amoramigos; algunas instituciones les han seguido el juego y ha cobrado vigencia eso de que “la ley es la ley”, y ahora últimamente, el “perdón” de los variados delitos con la aceptación de cargos y condenas imbéciles e irrisorias que la sociedad califica como parte del sistema judicial corrupto.
Todos los presidentes y funcionarios salientes dicen que: “dejan un mejor país, presumen sus obras prioritarias, los supuestos apoyos sociales, la buena marcha de la economía, la baja en los delitos, el derecho universal a la salud; el único problema en realidad es que, este panorama dibujado por la Presidencia de la República es que, es parcial, omiso y falsea la realidad de nuestra realidad.
