Fernando Mollinedo

mocajofer@gmail.com

Guatemalteco, Maestro de educación primaria, Profesor de segunda enseñanza, Periodista miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala, realizó estudios de leyes en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Historia en la Universidad Francisco Marroquín; columnista de Diario La Hora durante 26 años, aborda en sus temas aspectos históricos, educativos y de seguridad ciudadana. Su trabajo se distingue por manejar la palabra sencilla y coloquial, dando al lector la oportunidad de comprender de modo sencillo el universo que nos rodea. Analiza los difíciles problemas del país, con un criterio otorgado por su larga trayectoria.

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Fernando Mollinedo C.

El odio es un sentimiento que tiene dos componentes inseparables: 1) la antipatía y aversión hacia alguna persona o grupo social, y 2) el deseo de que les vaya mal.  La palabra ODIO significa: aborrecimiento, mala voluntad hacia algo o alguien a quien se le desea un mal por una causa determinada; sus efectos provocan conductas constitutivas de delitos.

La poca, escasa o nula cultura política, la poca educación y ausencia de valores de quienes han ejercido el poder en Guatemala ha sido uno de los factores que los han impulsado a odiar a quienes no tienen pensamientos políticos, religiosos y hasta culturales afines a sus creencias e intereses; me refiero a los alcaldes, diputados, directores generales, ministros, presidentes y cargos administrativos.

En Guatemala, la Historia muestra que los gobernantes han pretendido que sus discursos cargados de ironía, sarcasmo y veladas amenazas se entiendan como normales, utilizándolos como perversa fórmula para retener el poder ante su rotundo fracaso político, teniendo como objetivo acrecentar la división entre la sociedad.

La destrucción de las instituciones y las amenazas dirigidas a quienes difieren de sus argumentos e ideas se convirtieron en una de las armas favoritas de los gobernantes para obligar a que no se divulgue los malos manejos de la administración pública; no hubo ni hay interés en buscar consensos, puesto que esa posibilidad se convirtió en insultos, descalificaciones, persecución y criminalización judicial.

El derecho a disentir, como componente esencial de la libertad de expresión y de la supuesta democracia en Guatemala ha sido acallado desde el oficialismo que todo lo polariza; la observancia de la Constitución y las leyes fue reemplazada por la anarquía en los tres organismos del Estado; por lo que parece ser que, los actos de gobierno han sido y son para satisfacer los intereses de los dictadores con piel demócrata.

Las campañas de incitación al odio por medio de sus periodistas afines conocidos como faferos, periódicos y radios oficiales, modernamente con el uso de medios tecnológicos llamados desde los centros de difusión denominados netcenter, ponen en riesgo la integridad y la vida de los políticos de oposición, periodistas, activistas sociales y cualquiera persona que se exprese en contra de los gobernantes y sus adláteres.  Desafortunadamente, desde hace muchos años la tendencia de odiar se convirtió en política de Estado y ha sido tan nefasta puesto que dejó como resultado miles de muertos.

La defensa de la legalidad y de las instituciones es tarea de todos y adquiere especial relevancia en el contexto actual, en el que el odio se ha convertido en la herramienta favorita de los políticos de turno para perpetuarse en el poder en los diferentes cargos de la administración pública.

El signo distintivo de los gobiernos autocráticos ha sido la nula transparencia de sus acciones, en particular de las relacionadas con las finanzas públicas, además de evadir la exhibición de documentos -de repente inexistentes- con los que le dan soporte a sus mentiras con el eufemismo de que son “asuntos de Estado”

Por eso, los guatemaltecos no estamos enterados de diversos asuntos como: las negociaciones de las hidroeléctricas en el río Usumacinta; las concesiones, contratos, permisos de exploración y explotación, así como el pago a recibir en concepto de regalías por la extracción de diversos minerales por parte de las compañías mineras y petroleras; los contratos con las “constructoras” para el mantenimiento y construcción de la red vial del país; contratos con las casas farmacéuticas que abastecen la red hospitalaria, la inversión real en el rubro de la educación y cuántos negocios más.

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