Fernando Mollinedo C.
Este año se pasó volando, es decir que, los acontecimientos que sucedieron en el ámbito político, de salud, educativo, ejército, policía, justicia y legislación entre otros, acapararon nuestra atención por el grado de corrupción en que se vieron involucrados los funcionarios que dirigen las instituciones cuyo objetivo es proporcionar a la población los elementos señalados anteriormente.
Sin pretender escudriñar en las profundidades de la conducta humana para conocer los motivos por los que, por ley, las personas nombradas o electas que tienen obligaciones para con el pueblo, cometen desfalcos, fraudes de ley, estafas y un montón de acciones reñidas con la ley y con los valores humanos que supuestamente debieron ser aprendidos en su hogar: verdad, honradez, rectitud, decencia e integridad entre otros; me gustaría saber sí será tan grande su pobreza moral y económica que, amparados por ser funcionarios o empleados se apropian, roban y huevean descaradamente.
Creo que una parte de la podredumbre política deviene por haber desterrado de las escuelas, institutos y aulas universitarias lo referente a los valores fundamentales; y en su lugar, exaltar la importancia de adquirir bienes materiales a toda costa e inducir a la masa estudiantil a lograr sus propósitos a costa de pisotear las normas reguladoras de la buena conducta y considerar como nuevos valores el irrespeto al prójimo, las palabras altisonantes generadoras de malestar, conflictos y violencia.
El poder, entendido como la capacidad para hacerse obedecer, debe complementarse de un sólido contenido ético, en la forma de ejercerlo. El uso de la persuasión y el diálogo resulta más exitoso en el corto y largo plazo y se evita el deterioro moral de la autoridad de quienes ejercen el poder, sea público o privado. El gobierno de la República, por ley debe fomentar entre los órganos administrativos que lo integran, el uso de normas de urbanidad para evitar en lo posible, el deterioro natural que produce el mal ejercicio mando sin apegarse a la norma.
Es frecuente en la conducta burocrática la forma abusiva, irrespetuosa, prepotente e intransigente hacia los usuarios de las diferentes unidades administrativas, ministerios, municipalidades, gobernaciones, IGSS y otras, lo que demuestra los complejos derivados de patologías y/o el gran problema psicológico, económico o moral que cargan sobre sus hombros; en compensación hacia sí mismos, recurren a la ofensa de quienes tiene derecho a la prestación de un servicio, porque pagan impuestos y no es de gratis.
Los gobernantes y sus funcionarios: empleados, jefes, directores y todo el personal administrativo del sector público y privado deben evitar la patanería y malos tratos a la población que recurre a la prestación de sus servicios y en sentido contrario, fomentar el buen trato hacia el usuario como forma de prestigiar a la institución o dependencia donde presten sus servicios. La norma orientada al buen trato social no es sinónimo de simulación o hipocresía, es un principio arraigado en la sociedad para propiciar la armonía y la paz. Esperemos un mejor año 2022.
