Fernando Mollinedo C.
¿Cuántas muertes violentas se han registrado en el país durante el último semestre? La inseguridad sigue imparable, con cada cambio de gobierno se acentúan los parámetros de inseguridad en el país, no importando cuántos policías más “gradúen” para la “protección ciudadana” pues muchos de ellos también engrosarán las filas delincuenciales.
Los autores de esta incontenible ola de crímenes no han sido detenidos y mucho menos condenados; nunca en la Historia de Guatemala matar había sido tan barato lo que hace realidad el dicho que en Guatemala la vida no vale nada, mientras persista la impunidad que imponen los poderosos grupos criminales organizados, desorganizados y gubernamentales, ya sea por medio de asesinatos, desapariciones físicas, hueveos en todos los ministerios, en especial el de salud pues éstos dejan sin cobertura sanitaria a la población.
En los dos últimos meses del presente año, con el cambio, destitución o traslado de operadores de justicia hemos visto que la honorable justicia ha impulsado la liberación de personas encarceladas que hicieron daño a la sociedad; a esta conducta gubernamental la población lo interpreta como haberles otorgado una “amnistía” por tener en su currículum profesional una vida delictiva documentada por autoridades nacionales y extranjeras. ¿Puede entenderse esas liberaciones como una estrategia gubernamental para que comience a ser la norma legal y que dichos personajes evadan el cumplimiento de la ley?
Cuando se aplica la justicia, las penas para estos delincuentes pueden ser durísimas, por eso tratan de retrasarla en todo lo posible y no sea rápida y expedita; al existir condenas y hacer justicia, se reduciría el empoderamiento criminal y aumentaría la percepción ciudadana de que se combate el crimen.
Los juzgados, salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia son los órganos encargados de procesar y sentenciar a las personas; tal el caso de Bernardo Caal quien está privado de libertad al imputársele -según el Ministerio Público- el delito de defender los recursos naturales (Río Cahabón); sin embargo, a los miembros de la élite empresarial que cometieron delitos de financiamiento electoral ilícito y lo aceptaron de forma descarada, a ellos se les otorgó la generosidad de la ley y volvieron a sus casas con la risa burlona de saberse protegidos por el organismo judicial.
La impunidad administrativa se observa en las instituciones del gobierno, tan así, que el expresidente Jimmy Morales calificó la corrupción como algo normal por lo que, pareciera que dicha expresión se convirtió de manera tácita o sobreentendida en el slogan administrativo oficial para “rezagar, perder, extraviar, engavetar y traspapelar” documentos de trámites que podrían resolverse en el tiempo estipulado por la ley, pero puede durar varios años porque esa expresión presidencial supuestamente los avala para exigir o insinuar el cobro indebido por “agilizarlos”.
El ansia de poder es el mayor de los males sociales; es el “pecado” que vicia de raíz la voluntad de servicio y esa ambición de dominio adquiere hipocresías como: “servir al pueblo”
